ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- La diputada Ana María Romo Fonseca, representante de Movimiento Ciudadano, en su labor legislativa presentó dos iniciativas fundamentales para fortalecer la transparencia y la eficiencia en el estado.

La primera propuesta busca reformar el artículo 62 de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de garantizar que el proceso legislativo se desarrolle con claridad y en estricto apego a la ley.

Romo Fonseca subrayó la importancia de que los decretos y leyes, una vez aprobados, sean enviados de forma inmediata al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Actualmente, existe una excepción que otorga al Ejecutivo 10 días hábiles para realizar observaciones, pero fuera de este plazo, varios decretos y acuerdos no han sido publicados, sin justificación alguna.

Esto, dijo la diputada, representa una omisión que afecta el equilibrio entre poderes y obstaculiza el correcto funcionamiento del proceso legislativo, ya que, sin la publicación, las leyes no entran en vigor.

Para corregir esta problemática, la iniciativa busca establecer un plazo límite dentro del cual el Ejecutivo debe cumplir con su responsabilidad de promulgar y publicar las leyes. Así, se evitaría la acumulación de decretos sin vigencia, garantizando el respeto a la normativa y la correcta coordinación entre los poderes.

Por otro lado, la segunda iniciativa de Romo Fonseca propone una reforma a la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas, enfocada en mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

Esta propuesta establece que los informes de entrega-recepción incluyan el cumplimiento del Presupuesto Basado en Resultados y del Programa Anual de Mejora Regulatoria. De esta forma, se brindaría una mayor claridad sobre cómo se utilizan los recursos y se fortalecería la implementación de políticas públicas más eficientes.

Esta segunda reforma tiene especial relevancia en el ámbito municipal, donde Romo Fonseca señala que existen deficiencias en la reglamentación y atención ciudadana. Al incluir estos elementos en la ley, se busca mejorar la calidad de los servicios, reducir la opacidad y fomentar el desarrollo económico sostenible, beneficiando tanto a la población como a los gobiernos locales.