ZACATECAS, ZAC.– La diputada Renata Libertad Ávila Valadez, presentó a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas, una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la práctica conocida como “veto de bolsillo” y garantizar la promulgación y publicación de las leyes y decretos aprobados por el Congreso local.

La propuesta plantea reformar y adicionar disposiciones a los artículos 62 y 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de promulgación, publicación y conclusión del proceso legislativo, con el objetivo de armonizar el marco constitucional local con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente con las reformas federales aprobadas en 2010.

En la exposición de motivos, las y los promoventes señalaron que el artículo 133 de la Constitución federal establece el principio de supremacía constitucional, el cual obliga a las entidades federativas a adecuar su normativa al orden federal. Recordaron que a nivel nacional se reformaron los artículos 71, 72 y 78 para cerrar definitivamente el espacio al veto de bolsillo, práctica que consiste en la omisión del Ejecutivo de promulgar y publicar leyes aprobadas sin formular observaciones formales.

“No obstante, a la fecha, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas no ha sido armonizada plenamente con dicho mandato federal, manteniendo una laguna normativa que permite que leyes y decretos válidamente aprobados queden sin vigencia por la sola omisión del Titular del Poder Ejecutivo”, se establece en el documento.

La iniciativa subraya que la promulgación y publicación de leyes no son actos discrecionales del Ejecutivo, sino obligaciones constitucionales que forman parte del proceso legislativo. La ausencia de reglas claras, advirtieron, genera una distorsión institucional al subordinar en los hechos al Poder Legislativo frente al Ejecutivo.

En ese contexto, se expone que en lo que va de la LXV Legislatura, 63 productos legislativos aprobados por el Pleno no han sido publicados en el Periódico Oficial del Estado, pese a haber agotado todas las etapas del procedimiento legislativo, lo que evidencia la materialización del veto de bolsillo en el ámbito local.

La propuesta retoma la lógica del artículo 72 constitucional federal y establece plazos específicos: si el Ejecutivo no devuelve un proyecto con observaciones dentro de treinta días naturales, se reputará aprobado; posteriormente contará con diez días naturales adicionales para su promulgación y publicación. De no hacerlo, la ley o decreto se considerará promulgado y la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso podrá ordenar directamente su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin necesidad de refrendo.

Asimismo, se plantea reformar el artículo 63 constitucional para precisar que las leyes y decretos serán obligatorios y surtirán efectos a partir de su publicación, incluso cuando ésta sea ordenada por el Poder Legislativo ante la omisión del Ejecutivo.

Finalmente, la diputada promovente señaló señalaron que la reforma no limita el derecho de veto del Ejecutivo, sino que garantiza que éste se ejerza “dentro de los plazos y formas previstos por la Constitución”, con el propósito de fortalecer el equilibrio entre poderes, la certeza jurídica y el derecho de la ciudadanía a que las leyes aprobadas democráticamente entren en vigor.