ZACATECAS, ZAC.- El abogado Jorge Rada Luevano informó que en los próximos días presentará denuncias y solicitudes de acceso a la información pública para investigar la operación del Programa de Acceso a Vivienda Social, mediante el cual diversos servidores públicos del Gobierno del Estado fueron beneficiarios de subsidios destinados a vivienda.

A través de un comunicado, el litigante dio a conocer que su despacho fue contratado formalmente y ha recibido diversas solicitudes ciudadanas, así como peticiones de servidores públicos, para emprender acciones legales relacionadas con la aplicación de dicho programa.

De acuerdo con el documento, la representación jurídica ya cuenta con información proporcionada por personas que participaron en el programa y que, según se afirma, entregaron documentación para sustentar las acciones que serán promovidas ante las instancias correspondientes.

“Nuestro despacho ha sido formalmente contratado y ha recibido diversas solicitudes ciudadanas, y peticiones de servidores públicos para emprender acciones legales respecto del Programa de Acceso a Vivienda Social, mediante el cual diversos servidores públicos del Gobierno del Estado fueron beneficiarios de subsidios para vivienda”, resaltó

El comunicado añade que algunos de los propios servidores públicos beneficiarios hicieron llegar información relacionada con la implementación del programa, “mismos servidores públicos nos han entregado y revelado información de dicho programa”.

El abogado señaló que uno de los objetivos de las acciones legales será verificar que la asignación de los apoyos públicos se haya realizado conforme al marco normativo y bajo criterios objetivos, considerando que los programas sociales tienen como finalidad atender prioritariamente a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad.

“Los programas sociales deben destinarse prioritariamente a quienes enfrentan mayores condiciones de necesidad. Por ello, resulta indispensable que la asignación de estos apoyos se encuentre plenamente justificada y apegada a los principios de legalidad, igualdad, imparcialidad y transparencia”, apuntó.

Como parte de la estrategia jurídica, Rada Luevano anunció que, además de las denuncias, se promoverá un conjunto de solicitudes de acceso a la información pública para obtener documentación oficial relacionada con la operación del programa.

Entre la información que buscarán -adelantó- conocer se encuentran el procedimiento de selección de los beneficiarios, los criterios de elegibilidad utilizados por las autoridades responsables, los padrones de personas favorecidas, los expedientes administrativos, los montos de los subsidios otorgados y el destino de los recursos públicos ejercidos.

“En los próximos días presentaremos las denuncias correspondientes, así como un amplio paquete de solicitudes de acceso a la información pública, con el propósito de documentar integralmente el procedimiento de selección de beneficiarios, los criterios de elegibilidad, los padrones, los expedientes administrativos, los subsidios otorgados y el destino de los recursos públicos”, subrayó.

El litigante sostuvo que el propósito de estas acciones es que exista claridad sobre la ejecución del programa y el uso de recursos públicos destinados a vivienda.

Rada Luevano enfatizó que la ciudadanía tiene derecho a conocer si la implementación del Programa de Acceso a Vivienda Social cumplió con las disposiciones legales y con los objetivos para los cuales fue creado.

“La sociedad tiene derecho a conocer si este programa se ejecutó con estricto apego a la ley y para los fines sociales para los que fue creado”, puntualizó.

Hasta el momento, las autoridades estatales responsables de la operación del Programa de Acceso a Vivienda Social no han emitido un posicionamiento público respecto al anuncio de las acciones legales dadas a conocer por el despacho jurídico. Se prevé que las denuncias y las solicitudes de información sean presentadas durante los próximos días ante las instancias competentes.