ZACATECAS, ZAC.- La diputada local de Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca, presentó ante la LXV Legislatura una iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas con el objetivo de incorporar el principio de adaptación ambiental en la planeación, diseño, ejecución y mantenimiento de la infraestructura pública.

La propuesta plantea un cambio en los criterios bajo los cuales se desarrollan las obras públicas en la entidad, al establecer que la protección de los ecosistemas, los recursos naturales y el equilibrio ambiental formen parte de las decisiones desde las etapas iniciales de cada proyecto.

Entre las modificaciones destaca la obligación de considerar factores como la topografía, la hidrología, la vegetación, la fauna y los servicios ambientales de cada territorio donde se pretenda construir infraestructura pública. Además, busca privilegiar soluciones que reduzcan los impactos negativos sobre el entorno y favorezcan la sostenibilidad de las obras.

La iniciativa también contempla la prohibición de ejecutar proyectos cuya viabilidad dependa de la alteración sustancial de ecosistemas, excepto en casos plenamente justificados y autorizados conforme a la legislación ambiental vigente.

La legisladora señaló que durante años diversos proyectos de infraestructura se desarrollaron bajo esquemas que no consideraron de manera suficiente los efectos sobre el medio ambiente, lo que derivó en problemas como degradación de ecosistemas, alteración de cauces naturales, pérdida de biodiversidad y deterioro de recursos naturales.

“Hoy los desafíos ambientales nos obligan a actuar con responsabilidad. El desarrollo no debe significar destruir nuestro entorno, sino aprender a convivir con él y protegerlo. Necesitamos obras que se adapten a la naturaleza y no una naturaleza obligada a adaptarse a las obras”, expuso la diputada en la propuesta.

Ana María Romo sostuvo que la reforma también tendría beneficios sociales y económicos al contribuir a la reducción de riesgos, la optimización de recursos públicos, una mayor transparencia en la ejecución de proyectos y la construcción de infraestructura con mayor eficiencia y durabilidad.

La iniciativa será analizada por las comisiones legislativas correspondientes para determinar su viabilidad y eventual incorporación al marco normativo estatal.