ZACATECAS, ZAC.- El gobernador David Monreal Ávila planteó establecer controles jurídicos para limitar la contratación de deuda por futuras administraciones estatales y municipales mediante la iniciativa Cero Deuda, presentada ante el Congreso del Estado.

En entrevista radiofónica, explicó que la propuesta contempla modificaciones al marco jurídico estatal en materia constitucional y de disciplina financiera, además de excepciones para emergencias sanitarias, terremotos, inundaciones u otros desastres, sujetas a requisitos financieros y jurídicos.

“Se necesita dotar de instrumentos jurídicos que sirvan de control y de contención a la ambición de algunos actores políticos, a la corrupción desmedida y al daño que le causan a un pueblo como el de Zacatecas”, expresó.

Monreal Ávila señaló que, al inicio de su administración en 2021, la deuda de largo plazo rondaba los 7 mil 400 millones de pesos y actualmente mantiene un saldo superior a 6 mil millones, además de los intereses cubiertos durante este periodo.

También indicó que su administración pagó más de 7 mil millones de pesos correspondientes a deuda de corto plazo, sin contratar nuevos créditos.

“Nos dedicamos a pagar la deuda de corto plazo y pagamos más de 7 mil millones de pesos. Eso se vuelve virtuoso porque, ahora, ya no pagamos esos más de mil millones de pesos que se pagaban de intereses”, afirmó.

Como ejemplo de inversiones realizadas con recursos propios, mencionó el sistema Platabús, al que atribuyó una inversión aproximada de 2 mil 400 millones de pesos, además de la renovación del parque vehicular.

El gobernador sostuvo que la iniciativa busca evitar que el endeudamiento se convierta en un mecanismo ordinario para financiar el gasto público y permitirlo únicamente ante circunstancias extraordinarias debidamente justificadas.

“No es nada más decir: ‘ya pasó esto, hay una emergencia’. Tiene que haber condiciones, capacidad de gestión, instrumentos y mecanismos para poder satisfacer una necesidad”, expresó.

La propuesta será sometida al análisis del Congreso del Estado y plantea reforzar los controles sobre el uso del crédito público para las próximas administraciones.