PROPONE DAVID MONREAL RESTRINGIR DEUDA PÚBLICA CON INICIATIVA DE CERO ENDEUDAMIENTO
La iniciativa plantea que los límites de 6% para el Estado y 3% para municipios dejen de funcionar como autorización automática y establece requisitos adicionales para contratar financiamiento
ZACATECAS, ZAC.- El gobernador David Monreal Ávila presentó los alcances de la Iniciativa de Cero Deuda y Combate frontal a la Corrupción, con la que propone restringir la contratación de deuda pública como regla general y permitirla únicamente bajo determinadas condiciones extraordinarias.
Durante la conferencia La Informativa de Zacatecas, el mandatario señaló que la propuesta busca establecer controles jurídicos al endeudamiento y convocó a discutirla durante el proceso legislativo.
“Zacatecas no necesita deuda pública, nada la justifica”, sostuvo.
Monreal Ávila informó que entre 2004 y 2021 se contrataron más de 50 mil millones de pesos de deuda de corto y largo plazo. Detalló que durante la administración de Amalia García se contrataron 2 mil 567 millones de pesos; en la de Miguel Alonso Reyes, 32 mil 143 millones, y en la de Alejandro Tello, 19 mil 962 millones.
La actual administración, señaló, recibió una deuda superior a 12 mil 500 millones de pesos y ha pagado casi 7 mil millones, sin contratar nuevos financiamientos, incluida la totalidad de la deuda de corto plazo.
Respecto a la deuda heredada de largo plazo, indicó que únicamente en intereses se han pagado 9 mil 591 millones de pesos: 3 mil 336 millones entre 2010 y 2016; 3 mil 7 millones de 2016 a 2021, y 3 mil 248 millones durante la actual administración hasta junio de 2026.
El gobernador también se refirió al esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) utilizado para construir Ciudad Gobierno, cuyas obras costaron alrededor de 700 millones de pesos, pero cuyo pago a 20 años superaría los 2 mil 400 millones, con pagos anuales de 123.7 millones.
En junio de 2011 se autorizó deuda por 4 mil 897.8 millones de pesos, de los cuales 1 mil 358.4 millones se destinaron a reestructurar el PPS y 3 mil 539.4 millones a inversión pública productiva. Monreal Ávila señaló que el expediente físico relacionado con el origen de ese endeudamiento no ha sido localizado por las dependencias estatales ni por la Auditoría Superior del Estado.
En cuanto a la deuda de corto plazo, informó que durante la administración de Miguel Alonso Reyes se contrataron 18 mil 984 millones de pesos y en la de Alejandro Tello, 9 mil 745 millones, incluidos adelantos de participaciones, que también implican un costo financiero.
Como parte de su planteamiento sobre el manejo de recursos sin nuevos financiamientos, Monreal Ávila señaló que obras como el Platabús, con una inversión cercana a 2 mil 400 millones de pesos, y la renovación del parque vehicular, superior a mil millones, se realizan con recursos propios.
También informó sobre la creación de dos fondos: uno de infraestructura, destinado a garantizar recursos para las obras iniciadas aun al concluir la actual administración, y otro de estabilización financiera.
La secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, explicó que la iniciativa, presentada el 18 de septiembre ante la Legislatura, contempla tres marcos normativos y parte del principio de que “tener capacidad para endeudarse ya no significa tener autorización para hacerlo”.
El techo de endeudamiento de 6 por ciento de los ingresos para el Estado y 3 por ciento para los municipios dejaría de operar como autorización para contratar deuda. Las excepciones procederían ante desastres naturales, emergencias sanitarias o crisis económicas severas, después de agotar disponibilidades presupuestarias, fondos, reservas, recursos federales e ingresos propios.
En esos casos, el financiamiento tendría que superar seis pruebas relacionadas con necesidad económica o social, rentabilidad y suficiencia financiera, adicionalidad, sensibilidad respecto al costo financiero, responsabilidad temporal e intergeneracional, así como sostenibilidad integral y resiliencia.
Para la deuda de corto plazo se plantea una prueba obligatoria de liquidez, un periodo mínimo de 30 días entre contrataciones y la incorporación de los adelantos de participaciones al límite de endeudamiento.
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