CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal del PAN, Noemí Luna, propuso establecer mecanismos de verificación, rectificación, derecho de réplica y rendición de cuentas para las conferencias matutinas de la Presidencia, al advertir posibles riesgos para la libertad de expresión con los nuevos lineamientos relacionados con la llamada “Ley Censura”.

La legisladora señaló que las autoridades no deberían tener facultades para determinar qué información es verdadera, está descontextualizada o puede ser sancionada. Añadió que su partido se ha pronunciado desde hace un año contra la legislación impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Luna sostuvo que los lineamientos que el Gobierno federal presenta como medidas para proteger a las audiencias podrían permitir que una autoridad vinculada al Poder Ejecutivo determine qué contenidos deben rectificarse o qué medios pueden recibir sanciones.

“No se necesita prohibir una noticia para censurar. Basta con generar miedo y amenazar con sanciones para que periodistas y medios lo piensen dos veces antes de investigar, cuestionar o exhibir al poder”, afirmó.

La diputada también cuestionó que las reglas aplicables a los medios no alcancen de la misma manera a las conferencias matutinas, desde donde, dijo, se realizan señalamientos contra periodistas, opositores, empresarios, organizaciones y ciudadanos.

Ante ello, informó que el PAN presentó una propuesta para establecer mecanismos de verificación y derecho de réplica en las conferencias presidenciales. Aclaró que la iniciativa no pretende cancelar estos espacios ni censurar a la presidenta.

“Si acusa, que pruebe; si se equivoca, que corrija; si señala, que permita responder”, sostuvo.

Luna mencionó los casos de “dato protegido”, del periodista veracruzano Ángel Camarillo y de los comunicadores de Campeche Carlos y Abraham Martínez y Hubert Carrera como ejemplos de situaciones que, desde su perspectiva, representan prácticas de censura.

Finalmente, consideró que cualquier regulación sobre medios y libertad de expresión debe aplicarse con criterios democráticos, garantizar la pluralidad informativa y evitar ventajas para quienes ejercen el poder.