ZACATECAS, ZAC.- Alrededor de 15 mil personas jornaleras agrícolas migrantes llegan a Zacatecas, de acuerdo con una estimación presentada durante la conferencia de prensa en la que el diputado Martín Álvarez Casio y la académica Claudia Lizbet Soto Casillas anunciaron la construcción de una ruta de atención integral para este sector y sus familias.

Bajo el nombre “Nadie invisible en el campo. Ruta de atención a familias jornaleras agrícolas migrantes en Zacatecas”: la iniciativa busca articular a la Legislatura local, instituciones públicas, especialistas y organizaciones sociales para identificar las necesidades de esta población y proponer medidas que garanticen sus derechos.

Soto Casillas expuso que la movilidad de las familias, determinada por los ciclos de cosecha, dificulta la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes. Según los datos presentados por la investigadora, solamente entre 12 y 13 por ciento de los menores de familias jornaleras se inscribe en las escuelas, mientras que el resto enfrenta condiciones que pueden propiciar su incorporación al trabajo agrícola.

Otro de los problemas identificados, dijo, es la falta de registro de nacimiento, situación que limita el acceso a servicios educativos y de salud. Entre las barreras mencionó la distancia de los registros civiles, el desconocimiento de los trámites y la ausencia de intérpretes para personas hablantes de lenguas indígenas.

La investigadora señaló que, de acuerdo con una encuesta de 2012, únicamente 15 por ciento de las zonas de trabajo agrícola contaba con cobertura escolar. En Zacatecas, agregó, existen antecedentes de 12 escuelas destinadas a atender a esta población, muchas de ellas multigrado y con limitaciones de infraestructura, materiales y condiciones adecuadas para enfrentar las temperaturas extremas.

“Donde exista un niño o una niña, existen sus derechos”, sostuvo al plantear que la movilidad entre entidades no debe convertirse en un obstáculo para el acceso a servicios públicos.

Carlos Alberto de Ávila Vargas, asesor jurídico de la Comisión Legislativa de Justicia, informó que ya comenzó la revisión del marco normativo para identificar disposiciones que puedan aplicarse y posibles vacíos legales en materia laboral, educativa, sanitaria y de seguridad pública.

Indicó que la reforma laboral federal de 2024 constituye un antecedente para fortalecer la protección de las personas jornaleras. También mencionó el conflicto laboral de San Quintín, Baja California, como una referencia de las condiciones de explotación y precariedad que enfrenta este sector en distintas regiones del país.

El trabajo legislativo, explicó, contempla preparar modificaciones a la normativa estatal para mejorar la atención a los trabajadores agrícolas y sus familias, además de promover el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de contratos, capacitación y protección de menores.

Por su parte, Álvarez Casio señaló que la propuesta es instalar una mesa de trabajo interinstitucional el próximo 14 de octubre, con la participación de dependencias estatales, la Comisión de Derechos Humanos y otros actores involucrados.

El diputado recordó que, durante su experiencia en el municipio de Río Grande, participó en recorridos por espacios de alojamiento de trabajadores agrícolas, donde detectó condiciones deficientes de higiene, falta de servicios básicos y ausencia de atención educativa y médica.

Por ello, planteó que la atención no debe depender únicamente de la voluntad de las autoridades municipales, sino sustentarse en mecanismos institucionales y disposiciones legales que establezcan responsabilidades.

La propuesta también contempla involucrar a los empleadores, a fin de revisar las condiciones de alojamiento, disponibilidad de agua, sanitarios, alimentación y espacios adecuados para la convivencia familiar.

Los participantes precisaron que la ruta no estará dirigida exclusivamente a un grupo indígena, sino a todas las familias jornaleras migrantes, aunque reconocieron que una parte importante procede de localidades originarias.

La intención es integrar los resultados de las investigaciones académicas con las aportaciones de las instituciones participantes para elaborar una propuesta legislativa que pueda presentarse durante el actual periodo ordinario de sesiones.

Con este proceso, los promotores buscan avanzar hacia una política pública que atienda de manera coordinada las condiciones laborales y las necesidades sociales de quienes llegan temporalmente a Zacatecas para trabajar en las actividades agrícolas.