TEXTO Y FOTO: ESTHER CONSUEGRA

ZACATECAS, ZAC.- Ernesto González Romo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), afirmó que la dependencia es plenamente competente para investigar y sancionar violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas cometidas por servidores públicos, incluidos los agentes de la Dirección de Policía de Seguridad Vial (DPSV).

Lo anterior, en respuesta a los comentarios de Oswaldo Caldera Murillo, director de la DPSV, quien afirmó que la SFP carecía de facultades para inhabilitar a cuatro agentes viales.

González Romo calificó estas declaraciones como un acto de buena fe pero basado en desconocimiento de los procedimientos.

El titular de la SFP aclaró que todos los servidores públicos están sujetos a diversos procesos, entre ellos los relacionados con disciplina interna, responsabilidades administrativas, materia penal, derechos humanos y obligaciones tributarias y destacó que estos procedimientos pueden coexistir y que las atribuciones de la Función Pública abarcan sanciones administrativas más allá del ámbito interno de las corporaciones.

En cuanto al caso específico de los agentes de tránsito, González Romo explicó que las inhabilitaciones preventivas fueron solicitadas por la unidad de investigaciones de la SFP debido a la gravedad de las denuncias.

Los agentes son investigados por presunto hostigamiento con intención de extorsión y agresión física a ciudadanos, hechos respaldados por videos que circulan en redes sociales y que involucran a la misma patrulla en incidentes ocurridos en el bulevar López Mateos y la calzada Reyes Heroles.

El funcionario detalló que, durante la investigación, los agentes recibirán un ingreso mínimo vital. Asimismo, subrayó que el titular de la DPSV ha mostrado disposición para colaborar en el procedimiento y que no se han identificado prácticas dilatorias o de mala fe.

Finalmente, González Romo destacó que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que respalda las facultades de la SFP para investigar y sancionar a elementos policiales, consolidando su posición en este tipo de controversias.