GUADALUPE, ZAC.- El exalcalde de Guadalupe, Roberto Luévano Ruiz, rechazó las acusaciones del Ayuntamiento sobre una presunta escrituración irregular de un área de donación durante su administración y aseguró que la autorización para enajenar el predio fue otorgada por la Legislatura del Estado desde 2008, siete años antes de que asumiera la Presidencia Municipal.

A través de un posicionamiento, Luévano Ruiz afirmó que la información difundida por el gobierno municipal "carece de sustento documental" y sostuvo que la administración que encabezó únicamente dio cumplimiento al proceso legal de protocolización de una autorización previamente emitida por el Congreso del Estado.

Explicó que el Decreto número 113 de la LIX Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de agosto de 2008, autorizó al Ayuntamiento de Guadalupe la enajenación del inmueble mediante la figura de permuta a favor de un particular.

En ese sentido, señaló que la decisión de donar o enajenar el predio no fue tomada durante el periodo 2013-2016, sino que ya había sido aprobada por el Poder Legislativo años antes.

El exedil sostuvo que durante su administración no se autorizó la donación ni la permuta del inmueble, sino que únicamente se formalizó jurídicamente una determinación previamente avalada por el Congreso del Estado, conforme al procedimiento legal correspondiente.

Asimismo, consideró que el comunicado emitido por el Ayuntamiento omite el antecedente legislativo que dio origen a la operación y genera una interpretación que atribuye responsabilidades a su administración que, aseguró, no le corresponden.

Luévano Ruiz subrayó que existe una diferencia jurídica entre la fecha en que una operación es autorizada por la Legislatura y la fecha en que se protocoliza mediante escritura pública, al señalar que este último acto únicamente formaliza una decisión previamente aprobada.

"Por respeto a la ciudadanía, este tipo de asuntos deben informarse con apego a los documentos oficiales y al contexto jurídico completo, evitando afirmaciones que puedan confundir a la opinión pública o atribuir responsabilidades que no corresponden", expresó.

Finalmente, indicó que los documentos que acompañan su posicionamiento acreditan que la autorización legislativa fue emitida en 2008 y reiteró que la protocolización realizada durante su administración obedeció al cumplimiento de una determinación aprobada previamente por el Congreso del Estado.