RECIBE GONZALO CUATRO AÑOS DE PRISIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

Una auditoría detectó más de un millón y medio de pesos en utilidades no entregadas; Gonzalo deberá reparar el daño para acceder al beneficio concedido.

EcoDiario
Foto: Cortesía

VILLANUEVA, ZAC.- Gonzalo “N” recibió una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión por el delito de administración fraudulenta, después de que una auditoría detectó utilidades superiores a un millón y medio de pesos que no entregó a los socios de una empresa.

La Unidad de Investigación Mixta de Villanueva obtuvo la condena mediante un juicio oral, en el cual se presentaron las pruebas relacionadas con el manejo financiero y contable de la sociedad mercantil.

De acuerdo con la investigación, la empresa fue constituida el 18 de octubre de 2007. Gonzalo “N” se desempeñó como administrador, apoderado y representante legal, por lo que tuvo bajo su control los recursos, las operaciones contables y las decisiones administrativas de la compañía.

Una auditoría practicada sobre el periodo comprendido entre 2014 y 2020 permitió identificar utilidades por más de un millón 500 mil pesos que no fueron distribuidas entre los socios.

Los integrantes de la empresa afectados por la falta de entrega de esos recursos fueron reconocidos como víctimas dentro del proceso penal. Con base en los datos financieros y demás pruebas expuestas durante el juicio, el órgano jurisdiccional determinó la responsabilidad de Gonzalo “N”.

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Además de los cuatro años de prisión, la sentencia establece que deberá pagar la reparación integral del daño por el monto total de las utilidades que no entregó. La resolución busca restituir a los socios los recursos económicos que les correspondían durante el periodo revisado.

El juez concedió al sentenciado la suspensión condicional de la condena; sin embargo, este beneficio únicamente podrá aplicarse una vez que garantice el pago de la reparación del daño.

Por tratarse de una sentencia emitida después de un juicio oral, no corresponde incluir el principio de presunción de inocencia previsto para las personas cuya responsabilidad penal todavía no ha sido determinada por una autoridad judicial.

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