ZACATECAS, ZAC.- A una semana del despido de 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), organizaciones sindicales, colegios de profesionistas y representantes del Trabajo Social exigieron la reinstalación inmediata de las 25 profesionistas que continúan separadas de sus cargos, al considerar que la medida vulnera sus derechos laborales y debilita el acceso a la justicia para miles de personas.

Durante un pronunciamiento frente al edificio del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, los manifestantes denunciaron que la eliminación de plazas de Trabajo Social representa un retroceso para la Defensoría Pública Federal, debido a que estas especialistas desempeñan funciones indispensables para la labor de defensores públicos y asesores jurídicos.

La vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social para América Latina y el Caribe, Gabriela Rodríguez Vázquez, advirtió que la desaparición de este cuerpo profesional pone en riesgo la operación del Instituto.

"Ninguna otra persona puede realizar las funciones de Trabajo Social. Nosotros somos los ojos de los jueces; somos la voz de esas personas cuyos derechos están siendo vulnerados".

La dirigente informó que entregarán un documento al director del IFDP en Zacatecas para solicitar la reincorporación inmediata de Ma. Elena Trejo Medina, quien laboró durante 18 años como analista especializada en Trabajo Social.

Por su parte, Blanca Luna, representante de la Red Estatal de Trabajo Social, sostuvo que los despidos afectan tanto a las profesionistas como a la población usuaria de la Defensoría Pública Federal.

"Esta situación afecta no solamente a las profesionistas involucradas y a sus familias, sino también a la calidad y al alcance de los servicios que reciben miles de personas usuarias de la Defensoría Pública Federal".

Aunque el pasado viernes fueron reincorporadas 18 de las 43 trabajadoras despedidas, Ma. Elena Trejo Medina señaló que aún se desconocen los criterios utilizados para determinar quiénes regresarían a sus puestos.

"Somos 43 y todas contamos con los mismos conocimientos para ocupar nuestros puestos".

Las 25 trabajadoras que permanecen fuera del Instituto informaron que promoverán un juicio de amparo al considerar que existe un trato discriminatorio.