Texto y Foto: Merari Martínez

Zacatecas, Zac.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) reconoció que han existido retrasos en el acompañamiento institucional a algunas búsquedas realizadas por colectivos de madres buscadoras, aunque aseguró que nunca se ha negado una acción de búsqueda y que el compromiso con las familias permanece vigente.

El fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho, explicó que en ciertos casos los colectivos deciden realizar acciones de búsqueda de manera autónoma, lo cual está dentro de su derecho. Sin embargo, la fiscalía es notificada cuando estas actividades ya se encuentran en curso o cuando el personal se encuentra desplegado en operativos en otras entidades del país, como Aguascalientes, lo que ha dificultado una atención inmediata en algunos momentos.

Aun así, Camacho subrayó que la FGJEZ mantiene coordinación constante y un enfoque sensible hacia las familias, al tratarse de personas que buscan a un ser querido. En las acciones de búsqueda participan distintas áreas especializadas, como criminalística, psicología y trabajo social, además de corporaciones de seguridad, incluso en condiciones adversas y horarios nocturnos. Un ejemplo reciente fue una búsqueda realizada en el municipio de Valparaíso que se extendió hasta la madrugada.

En cuanto a cifras, la fiscalía informó que al corte del 28 de diciembre se tienen 800 registros de personas desaparecidas y no localizadas en el estado. De estos casos, 131 corresponden a víctimas de algún delito, mientras que 669 son clasificados como ausencias voluntarias, lo que representa aproximadamente el 83% de los reportes, es decir, personas que no fueron víctimas directas de un delito.

Durante el año se logró la localización de 548 personas y se implementaron 442 acciones de búsqueda, lo que refleja un incremento del 25.1% en personas localizadas respecto a periodos anteriores. De acuerdo con la FGJEZ, estos datos muestran avances positivos, ya que en muchos casos las personas se ausentan por razones familiares, laborales, migración a otros municipios o estados, e incluso por ingresos voluntarios a centros de rehabilitación sin notificar a sus familiares.

El fiscal hizo un llamado a fortalecer la comunicación familiar y social, especialmente con juventudes y adolescentes, para prevenir este tipo de situaciones.