TEXTO Y FOTO: ESTHER CONSUEGRA

ZACATECAS, ZAC.- La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma a la Ley del Issstezac representa “un gran avance y un gran logro para los derechohabientes”, aunque no una satisfacción plena, afirmó Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e integrante del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac.

“Hoy vemos una separación de poderes, vemos una Suprema Corte que escucha, que lee, que legisla, no por intereses populares, sino por derecho y por ese sentido de justicia para las minorías o los grupos vulnerables, como en este caso es, en beneficio de los jubilados del Issstezac”.

En entrevista para Ecodiario, el dirigente sindical detalló que la Corte declaró inconstitucionales los artículos 128 y 128 Bis, además de aplicar el principio de no retroactividad de la ley en el artículo 74, lo que permitirá respetar derechos adquiridos como el pago de aguinaldo,” es lo que esperábamos desde hace bastante tiempo. No estamos del todo satisfechos, pero es un gran avance para los derechohabientes del Issstezac”, expresó.

Rodarte Hernández recordó que el movimiento ya había interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y criticó el actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al señalar que “desechó tan fácilmente” el caso. Subrayó que la resolución de la SCJN da certidumbre jurídica y responde a meses de insistencia por parte del sindicato y del movimiento de bases.

Detalló que el pasado viernes una comisión integrada por los abogados José Antonio Cid y Bruno, asesor del comité, así como el maestro Fernando Arteaga Gaytán, sostuvo reuniones con los proyectistas de los nueve ministros.

“Estuvieron cinco horas al interior de la Suprema Corte buscando entregar a cada proyectista un documento. Hoy sabemos que escuchan y que leen la propuesta que se hace desde el sindicato, porque la argumentación de algunos ministros fue casi cita textual de nuestros alegatos”, sostuvo.

El líder sindical destacó que la resolución también obliga al Estado a asumir su responsabilidad financiera, “hoy nos da la razón nuevamente: el Estado no puede entrar en quiebra, es el garante de sus ciudadanos. No se puede cargar nuevamente los platos rotos a la clase trabajadora”, afirmó.

No obstante, reconoció que persisten vacíos legales, entre ellos la retención del 6 por ciento a jubilados y el incremento de cuotas. Por ello, adelantó que continuarán por la vía de los derechos humanos para que se suavicen los efectos de la reforma aprobada en agosto de 2024, “vamos a seguir insistiendo, porque no sólo son dos artículos; hay otras agravantes que deben considerarse”, puntualizó.

Rodarte Hernández consideró que la resolución representa un llamado al Poder Legislativo local, “la Suprema Corte les dice: se equivocaron, no legislaron en beneficio del pueblo ni de los trabajadores”, abundó.