ZACATECAS, ZAC.- La reducción de homicidios, el aumento de desapariciones, los robos en carreteras federales, la atención a madres buscadoras y los presuntos abusos de autoridad marcaron la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, ante el Pleno de la LXV Legislatura, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila.

Durante la sesión, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas reconocieron resultados reportados por la dependencia y el trabajo de sus elementos; sin embargo, cuestionaron si las cifras oficiales reflejan las condiciones de seguridad que experimenta la población.

La diputada del PT, Renata Libertad Ávila Valadez, reconoció la disminución de homicidios, pero pidió evaluar otros delitos. De acuerdo con cifras presentadas por el Gobierno estatal, Zacatecas pasó de mil 741 homicidios en 2021 a 149 durante 2025; no obstante, señaló que entre 2022 y 2025 se acumularon 3 mil 135 casos, frente a los 2 mil 305 registrados entre 2011 y 2016.

También señaló que durante 2025 se iniciaron 3 mil 361 carpetas por violencia familiar y que, entre enero y mayo de 2026, sumaron mil 515. En extorsión, reportó 228 víctimas durante el primer semestre de este año, frente a 35 en el mismo periodo de 2025, además de alrededor de 3 mil 900 personas sin localizar.

La legisladora cuestionó qué significa la pacificación para la actual administración y sostuvo: “una política de pacificación seria debe explicar ambas tendencias”. Aclaró que no existe evidencia para afirmar que una tendencia sea consecuencia de la otra.

En respuesta, Medina Mayoral reconoció que persisten pendientes y atribuyó parte del aumento en las cifras de extorsión a la promoción de la línea 089 para denunciar estos delitos.

El panista Pedro Martínez Flores cuestionó qué análisis realiza la Secretaría para descartar que la reducción de asesinatos coincida con un crecimiento de otras actividades criminales, mientras que la priista Isadora Santivañez Ríos preguntó si la disminución de homicidios está relacionada con el incremento de personas desaparecidas.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca, señaló la distancia entre los indicadores oficiales y la percepción ciudadana. Citó la ENVIPE 2026, según la cual Zacatecas registró una reducción de 25 por ciento en la tasa de delitos entre 2024 y 2025, pero 83.3 por ciento de la población considera inseguro vivir en el estado.

Romo Fonseca también cuestionó los 35 robos con violencia registrados durante 2026 en carreteras federales, principalmente en la carretera 54, en los tramos Villanueva-Jalpa y Saltillo-Villa de Cos, y pidió acciones adicionales y coordinación con la Guardia Nacional para establecer corredores seguros.

“Solo quiere llegar a salvo”, expresó al referirse a quienes transitan por esas vías.

Sobre las personas desaparecidas, cuestionó cómo se garantizará la seguridad de las madres buscadoras y qué información aportará la Secretaría a la Base Estatal de Datos Forenses. Mencionó 271 búsquedas en campo realizadas en 40 municipios, 15 mesas de trabajo con colectivos y 3 mil 509 familiares beneficiados.

La situación de Ojocaliente y los atentados con explosivos registrados desde 2024 también generaron cuestionamientos. La diputada Dayanne Cruz Hernández pidió conocer las medidas que permanecerán en el municipio, el respaldo para comerciantes afectados y las acciones de seguridad en los límites con Aguascalientes.

El panista Jesús Eduardo Badillo Méndez pidió información sobre denuncias contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) por presuntos actos de autoridad y los mecanismos de supervisión. Santivañez Ríos preguntó si se atendió una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos relacionada con la actuación policial contra madres buscadoras.

Otros legisladores plantearon prevenir el consumo de drogas entre menores, evitar el reclutamiento de jóvenes por grupos criminales y reforzar estrategias en el semidesierto y las carreteras.

Carlos Peña Badillo cuestionó la adquisición de un perro por cerca de 5 millones de pesos y preguntó si esa inversión fue preferible a destinar recursos a armamento, equipamiento y estímulos para policías.

En su intervención, Medina Mayoral expuso acciones de la dependencia, destacó la habilitación del 089 y llamó a involucrar a distintos sectores sociales en prevención, atención y orientación, particularmente para niñas, niños y adolescentes.

El funcionario informó que el salario policial pasó de 3 mil a 18 mil pesos durante la administración y que la meta es cerrar el sexenio con remuneraciones de 19 mil pesos.

La comparecencia también incluyó cuestionamientos sobre la inversión en seguridad, la continuidad de políticas públicas al término del actual gobierno y las acciones ante la alerta de viaje emitida por Estados Unidos para Zacatecas.

Las intervenciones dejaron como asuntos pendientes la brecha entre estadísticas y percepción ciudadana, la protección de personas buscadoras, la seguridad carretera y la continuidad de mecanismos de rendición de cuentas.