ZACATECAS, ZAC.- Con una reducción del 91% en homicidios dolosos como eje central, el fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya presentó su tercer informe ante la LXV Legislatura, donde sostuvo que Zacatecas dejó atrás los niveles más críticos de violencia y avanza hacia un escenario de mayor estabilidad.

Entre 2021 y 2025, los asesinatos pasaron de 1,741 a 149 casos, una caída que —según el funcionario— se traduce en cambios tangibles: de 349 días con muertes violentas en 2021, se pasó a 265 jornadas sin homicidios en 2025. A ello se suma que más del 50% del territorio estatal no registró este delito durante el último año.

El fiscal afirmó que municipios como Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe han salido de los listados de mayor violencia a nivel nacional, como parte de una estrategia basada en coordinación institucional y operaciones sostenidas.

En resultados operativos, destacó la detención de 1,136 personas relacionadas con delitos de alto impacto y la obtención de sentencias que superan los 7,000 años de prisión. En particular, la extorsión generó 356 carpetas de investigación —el 82% por llamadas telefónicas—, lo que derivó en la cancelación de 614 líneas utilizadas para este delito.

El secuestro registró una disminución del 80%, con 42 detenidos y condenas por más de 2,300 años de prisión. En contraste, el combate al narcomenudeo intensificó su actividad, con 820 detenciones, 40% más que en 2024 y 170% por encima de 2023.

En materia de desaparición de personas, los reportes bajaron 36%, mientras que las acciones de búsqueda crecieron 542%, al pasar de 69 en 2023 a 443 en 2025. Además, se logró la identificación de 305 personas que permanecían en el Servicio Médico Forense.

Respecto a la violencia de género, se reportó un incremento del 340% en la judicialización de casos —más de 2,100 expedientes llevados ante tribunales— y una reducción del 12% en feminicidios.

El informe también destacó la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, así como cifras sin precedentes en desempeño institucional: más de 10,200 carpetas judicializadas y más de 4,000 vinculaciones a proceso.

En atención a víctimas, se recuperaron más de 78 millones de pesos mediante mecanismos de justicia alternativa, mientras que las acciones de prevención alcanzaron a más de 43 mil personas.

Camacho Osnaya cerró su mensaje asegurando que los avances son medibles, aunque reconoció que el desafío ahora es sostenerlos y consolidarlos en el tiempo.

RESPALDAN RESULTADOS, PERO LLAMAN A CONSOLIDAR LA ESTRATEGIA

En la segunda parte de los cuestionamientos durante la comparecencia, las y los diputados fijaron posturas que oscilaron entre el reconocimiento de avances y cuestionamientos directos sobre la brecha entre cifras oficiales y la realidad que percibe la ciudadanía.

La petista Renata Libertad Ávila Valadez puso el acento en la desconfianza ciudadana: advirtió que los datos no siempre reflejan lo que se vive en las calles, cuestionó la efectividad de la política de género y alertó sobre nuevos delitos, como los cometidos con inteligencia artificial, además de señalar posibles omisiones ante denuncias públicas de acoso y abuso de autoridad.

Por su parte, Eleuterio Ramos Leal, del PRD, reconoció resultados, pero enfocó su intervención en rezagos estructurales: demandó mejores condiciones laborales para el personal de la Fiscalía y pidió transparentar tiempos de investigación y judicialización.

Desde el PVEM, Georgia Fernanda Miranda Herrera respaldó el informe y sostuvo que los indicadores reflejan una mejora real en seguridad y percepción ciudadana, al considerar que la estrategia ha contribuido a recuperar la tranquilidad en el estado.

El panista Jesús Eduardo Badillo Méndez adoptó una postura intermedia: reconoció avances, pero insistió en mantener acciones firmes con enfoque en víctimas, además de señalar pendientes en delitos como fraude, acoso sexual y abandono familiar.

En la misma línea crítica, el priísta Carlos Peña Badillo advirtió que los resultados no deben generar complacencia, al recordar que persisten deudas con víctimas, especialmente con colectivos de búsqueda, y urgió a garantizar recursos suficientes y condiciones de imparcialidad rumbo al proceso electoral de 2027.

Finalmente, desde Morena, Martín Álvarez Casio defendió que la reducción de delitos de alto impacto evidencia una estrategia efectiva de procuración de justicia, aunque subrayó que el reto sigue siendo consolidar estos avances y fortalecer a las instituciones.