CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la reforma al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que fue aprobada por el Senado, no propone, en ningún artículo, sanciones a memes o a la sátira política, sino que tiene por objetivo evitar fraudes con el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para replicar la imagen del Gobierno.

“No hay sanción a memes. ¿Qué se sanciona? Que salga la presidenta en un video utilizando Inteligencia Artificial para falsear, incluso con mi voz, para hacer un fraude. Eso es un delito. O que salga un secretario clonado su voz para hacer un fraude, eso es un delito. Eso es lo que aparece en la Ley, que no se puede hacer fraudes. No la sátira política, nada de eso, ni siquiera la ofensa personal. Lo que se sanciona es el delito del fraude utilizando la imagen de alguna persona o de un logotipo del Gobierno”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que la intención es que haya un instrumento jurídico que permita sancionar el fraude con el uso de la imagen gubernamental y que regrese el dinero a las personas que hayan caído en este delito.

“De pronto, sale un video con Inteligencia Artificial del director del IMSS diciendo una falsedad para cometer un fraude; o un video mío llamando a la gente a que invierta en una cuenta que es de Pemex, porque ya ocurrió. Y entonces eso no estaba tipificado como delito, y es un delito, porque además mucha gente lamentablemente puede caer en una situación así. (...) A eso se refiere este artículo, nada que ver con lo político, sino con un fraude que se cometa con una imagen de Gobierno”, agregó.

 La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la propuesta de modificación al artículo 403 BIS establece que:

“Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.

Puntualizó que la reforma, además de sancionar el uso indebido de emblemas gubernamentales, también regula la piratería.