CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Isaac “N”, por su responsabilidad penal en el delito de tráfico de personas agravado, en perjuicio de 191 personas de nacionalidad extranjera, de las cuales 56 perdieron la vida y 135 resultaron lesionadas.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2021, cuando esta persona introdujo a territorio mexicano a diversas víctimas de nacionalidad extranjera, con el fin de trasladarlas sin documentación que acreditara su legal estancia en el país.

En coparticipación con otras personas, el sentenciado ordenó a un grupo de 191 migrantes abordar un tráiler modificado con respiraderos.

Durante el trayecto por la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, en Chiapas, el conductor perdió el control del vehículo, el cual volcó. Como consecuencia de dicho accidente, 56 personas fallecieron y 135 resultaron lesionadas.

Por lo anterior, la juez del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, emitió fallo condenatorio al estimar que los medios de prueba desahogados por el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), acreditaron plenamente la responsabilidad del

acusado en el delito de tráfico de personas agravado, consistente en la introducción y traslado de personas extranjeras en territorio nacional sin documentación migratoria, con resultado de fallecimiento.

En la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, se impuso a Isaac “N”, una pena de 18 años de prisión y multa de un millón 842 mil pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Asimismo, se decretó el decomiso del vehículo del Servicio Federal de Carga. En cuanto a la reparación del daño, se dejaron a salvo los derechos de las partes ofendidas para que los hagan valer en la etapa de ejecución de sanciones.

Este resultado es parte del compromiso institucional de la FGR para combatir de manera eficaz los delitos que vulneran los derechos de las personas migrantes y refugiados, y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de tráfico de personas.