ZACATECAS, ZAC.– La organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas exigió que el Gobierno Federal atraiga las investigaciones sobre el asesinato de diez personas ocurrido el pasado fin de semana en la entidad y demandó esclarecer los hechos, así como deslindar responsabilidades de particulares y, en su caso, de servidores públicos.

El colectivo expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y recordó que entre los fallecidos se encuentran el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez; el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, además de empresarios del ramo de la construcción y dos personas originarias de Durango.

La organización señaló que este hecho representa uno de los episodios de violencia más graves registrados en Zacatecas desde el abandono de una camioneta con diez cuerpos en Plaza de Armas el 6 de enero de 2022, al considerar que ambos acontecimientos reflejan la persistencia de la inseguridad en la entidad.

Asimismo, cuestionó el discurso oficial sobre la pacificación del estado y afirmó que los hechos recientes evidencian una realidad distinta. “Estos hechos nos sitúan nuevamente en la realidad que subyace bajo una voluntad informativa que no se traduce en hechos”, señala el documento.

Ciudadanía Participativa también criticó las primeras declaraciones de autoridades estatales que relacionaron el caso con posibles actos de extorsión y mencionaron una eventual colusión de servidores públicos, al considerar que no se ofrecieron elementos suficientes para sustentar esas afirmaciones.

De igual forma, expresó su desacuerdo con la difusión de información sobre los exámenes practicados a las víctimas por parte de la Fiscalía, al estimar que esos datos forman parte de una investigación en curso y su divulgación revictimiza a las personas fallecidas y afecta a sus familias.

El colectivo también hizo referencia al video difundido en redes sociales, en el que un grupo delictivo se atribuye las ejecuciones y lanza amenazas contra autoridades estatales, señalando que, al no existir un desmentido oficial, su contenido incrementa la incertidumbre.

La organización pidió una investigación exhaustiva y reclamó el derecho de la población a vivir con seguridad. “Demandamos una paz verdadera, la seguridad de transitar por calles y carreteras a cualquier hora y en cualquier día y exigimos conocer la verdad”, concluye el pronunciamiento.