SPAUAZ RECHAZA MEDIDAS QUE AFECTEN DERECHOS LABORALES ANTE CRISIS DE UAZ

La postura sindical surge tras aprobarse el anteproyecto presupuestal 2027, mientras la UAZ requiere alrededor de 715 millones de pesos para cubrir sus compromisos de cierre de año

Esther Consuegra
Foto: Esther Consuegra

ZACATECAS, ZAC.- El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) advirtió que no aceptará medidas que vulneren el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) ni que trasladen el costo de la crisis financiera de la institución a docentes activos y jubilados.

Mediante un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, firmado por su secretario general, Carlos Fernando Aréchiga Flores, sostuvo que la búsqueda de soluciones al déficit económico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) no debe implicar la pérdida de derechos laborales ni de prestaciones adquiridas.

“Ante la situación financiera y el déficit que enfrenta la Universidad Autónoma de Zacatecas, el SPAUAZ reitera que la búsqueda de soluciones no puede traducirse en afectaciones a los derechos laborales de las y los trabajadores académicos”, señala el documento.

El sindicato aseguró que mantendrá una postura firme en defensa del contrato colectivo y de las prestaciones conquistadas por el personal académico, al tiempo que rechazó cualquier propuesta que implique reducir o precarizar sus condiciones laborales.

“El SPAUAZ no respaldará ni aceptará medidas que vulneren el CCT, ni aquellas que trasladen el costo de la crisis financiera al personal académico activo y jubilado”, enfatizó.

MES DEL TESTAMENTO

El pronunciamiento se produce después de que el Consejo Universitario aprobara, el 28 de septiembre, el anteproyecto de presupuesto para 2027 y el calendario de actividades para la Reforma Integral Universitaria, en un contexto de presión financiera y medidas de austeridad.

La UAZ requiere alrededor de 715 millones de pesos para cubrir sus compromisos de cierre de 2026, mientras que el plan de austeridad proyecta un ahorro de 100 millones, según información institucional y reportes periodísticos.

En este escenario, la defensa de las prestaciones y del contrato colectivo constituye uno de los puntos de tensión entre las medidas de contención del gasto y las obligaciones laborales de la Universidad.

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