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CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ordenó la aprehensión de Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol en tiempos de Rosario Robles, por una presunta contratación indebida de 124 millones 100 mil pesos en el caso de la llamada Estafa Maestra.

De acuerdo con el Diario Reforma, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente giró el mandamiento de captura el pasado jueves por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, luego de que el ex funcionario fuera citado a audiencia de imputación y no asistiera.

Para el zacatecano, esta es la segunda orden de aprehensión en su contra pues desde octubre de 2020 es prófugo de la justicia por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por un supuesto desvío y blanqueo de 77.8 millones de pesos de un convenio para aplicar encuestas de evaluación de los programas de la Sedesol.

Pero también se trata de un ordenamiento de captura por un asunto que ya había librado bajo reservas de ley en abril de 2020. En aquel entonces, un juez de control del Reclusorio Norte resolvió no vincularlo a proceso por falta de elementos.

Sin embargo, el juez dejó a la Fiscalía General de la República (FGR) la posibilidad de reelaborar la imputación y volver a proceder en su contra, como finalmente sucedió la semana pasada.
El nuevo mandamiento judicial contra De León Mojarro está relacionado con el convenio de coordinación del 5 de marzo de 2015, suscrito entre la Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

Su propósito era levantar Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y urbanas con el objetivo de localizar a las personas en situación de pobreza extrema alimentarias en las 32 entidades federativas.
La FGR acusa a De León Mojarro de participar en una contratación indebida porque este convenio fue autorizado sin un estudio de mercado, lo que ocasionó que el Estado no tuviera las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento, causándole una afectación.

Tampoco existió una justificación adecuada del contrato ni se publicaron las bases del mismo en las páginas de internet de la Sedesol y Compranet, como lo marcan las normas administrativas.
Otra de las responsabilidades atribuidas al ex funcionario es no haber verificado que la UIEM carecía de la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios contratados por la Secretaría.