ECODIARIO

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Geovanna Bañuelos solicitó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a sus homólogas en los estados, fortalecer sus medidas de vigilancia, regulación y sanción a la producción, distribución y uso de insumos fitosanitarios ilegales.

Lo anterior con el propósito de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Asimismo, piden reforzar las campañas de concienciación dirigidas a productores agrícolas, comerciantes y consumidores sobre los riesgos del uso de insumos fitosanitarios ilegales, para la salud, la sostenibilidad del suelo y la biodiversidad.

Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo recordó que los insumos fitosanitarios, como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y otros productos químicos, desempeñan un papel crucial al proteger los cultivos de plagas, enfermedades y malezas.

Sin embargo, en tiempos recientes el crecimiento del mercado ilegal de estos insumos se ha convertido en una amenaza significativa, su composición irregular y la ausencia de controles de calidad generan incertidumbre sobre su eficacia y seguridad. Lo anterior no sólo pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino también la salud humana, la sostenibilidad ambiental y la economía agrícola.

“Estos productos suelen ser comercializados en mercados informales o a través de canales digitales, sin etiquetado claro ni instrucciones de uso, lo que dificulta su identificación por parte de los agricultores”, resalta Geovanna Bañuelos.

En el documento que fue inscrito en la Gaceta del Senado de la República, los senadores petistas señalan que en muchos casos, los agricultores recurren a estos productos debido a su bajo costo y fácil accesibilidad.

La legisladora por Zacatecas advierte que el uso desmedido e inadecuado de plaguicidas provoca daños en el ambiente debido a sus características tóxicas, provocando contaminación del suelo, aire, agua y mantos freáticos, lo cual provoca modificaciones a los ecosistemas y daños a la flora y fauna silvestre.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Agricultura para su análisis y posterior dictamen.