ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) participó en el XV Congreso Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión, donde especialistas nacionales e internacionales analizaron metodologías de investigación, inteligencia operativa y estrategias para combatir estos delitos.

A través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, la institución participó en las jornadas de intercambio de experiencias y actualización de conocimientos técnicos, con el propósito de fortalecer los procedimientos de investigación y la coordinación entre corporaciones de seguridad.

Marco Antonio Galicia Burgos, fiscal especializado en Combate al Secuestro, Extorsión y Delitos de Alto Impacto, intervino en el análisis de metodologías avanzadas de investigación ministerial, análisis de contexto e inteligencia operativa, orientadas a mejorar la respuesta institucional ante estos ilícitos.

Entre los temas abordados destacó la actualización de protocolos para la persecución penal estratégica, con énfasis en la atención inmediata de casos de secuestro y extorsión en sus distintas modalidades.

Asimismo, se analizaron mecanismos para identificar y desarticular las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales dedicadas a estas actividades, mediante el uso de herramientas tecnológicas, científicas y de inteligencia.

El encuentro también permitió revisar criterios de actuación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como compartir experiencias sobre procedimientos de investigación utilizados en distintos ámbitos nacionales e internacionales.

La participación de la FGJEZ estuvo orientada a fortalecer la preparación de agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos, quienes intervienen en la integración de carpetas de investigación y el seguimiento de delitos de alto impacto.

El congreso reunió a especialistas y corporaciones policiales para intercambiar conocimientos sobre métodos de investigación y coordinación institucional frente a delitos que afectan la libertad y el patrimonio de las personas.