ZACATECAS, ZAC.- Prestadores del servicio advierten que las cuotas del IMSS son insuficientes para cubrir los costos de operación; exigen un pago mensual de 13 mil 200 pesos por menor y alertan sobre posibles cierres a partir de enero de 2027.

El futuro de cientos de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está en riesgo ante el incremento de los costos de operación y la falta de cuotas suficientes para mantener el servicio. La advertencia cobra fuerza tras el cierre de dos establecimientos en San Miguel de Allende, Guanajuato, y ante la posibilidad de que más unidades suspendan actividades a partir del 1 de enero de 2027.

Teófilo Cervantes Rodríguez, integrante del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías, estimó que alrededor de 630 establecimientos podrían dejar de operar en el país, lo que dejaría sin atención a más de 80 mil niños y afectaría a aproximadamente 200 mil padres de familia que dependen de estos espacios para cumplir con sus jornadas laborales.

El panorama también preocupa en Zacatecas, donde 16 de las 28 guarderías subrogadas estarían en riesgo de cerrar si no se modifican las condiciones económicas de los contratos con el IMSS.

Cervantes Rodríguez aclaró que el problema no radica en la falta de pagos del instituto, sino en que los recursos asignados por cada menor resultan insuficientes para cubrir salarios, servicios y las obligaciones que exige la operación de estos centros.

“El problema no es que el instituto haya dejado de pagar, sino que los recursos que entrega por cada niño no alcanzan para sostener las operaciones”, explicó.

Los prestadores del servicio solicitan una cuota de 13 mil 200 pesos mensuales por menor, monto que consideran el mínimo necesario para cubrir los gastos y garantizar la calidad de la atención.

Actualmente, las cuotas rondan entre 6 mil 300 y 6 mil 400 pesos al mes por niño. De acuerdo con información extraoficial referida por Cervantes Rodríguez, la propuesta que se perfila para el próximo año contemplaría un incremento de apenas 160 pesos por menor, una cifra que calificó como insuficiente frente al aumento de los costos.

El representante señaló que el IMSS les informó que presentaría durante esta semana una propuesta para establecer las cuotas de 2027, con una vigencia prevista de tres años y algunos ajustes económicos.

La preocupación se concentra también en el aumento salarial previsto para el próximo año, que, según la estimación del entrevistado, podría ubicarse entre 14 y 16 por ciento, además del encarecimiento de los insumos y servicios indispensables para mantener abiertas las guarderías.

Aceptar las condiciones que se conocen extraoficialmente podría representar pérdidas cercanas a cuatro millones de pesos anuales para una sola unidad, advirtió.

La presión financiera tiene un componente central: aproximadamente 82 por ciento de los gastos de las guarderías corresponde al pago de salarios.

Cervantes Rodríguez explicó que los establecimientos han recurrido a financiamientos, negociaciones con proveedores y medidas de ahorro para mantenerse en funcionamiento. Sin embargo, aseguró que las posibilidades de reducir gastos son limitadas, debido a que el propio IMSS establece requisitos sobre el número de trabajadores, sus funciones y las remuneraciones que deben cubrirse.

“No podemos reducir libremente las plantillas para ajustar los gastos a los ingresos, porque tenemos que cumplir con las disposiciones que establece el IMSS”, sostuvo.

Esta condición, agregó, coloca a los prestadores ante una disyuntiva: continuar operando con pérdidas o desistir de renovar sus contratos si las nuevas cuotas no garantizan la viabilidad económica de sus establecimientos.

Las consecuencias podrían extenderse más allá de los establecimientos que cierren. De concretarse la salida de cientos de unidades, las guarderías que permanezcan abiertas difícilmente tendrían capacidad para recibir a todos los menores que quedarían sin atención.

Esto podría generar saturación, complicaciones para las familias y dificultades para mantener la calidad del servicio, que comprende alimentación, nutrición, asistencia educativa, seguridad y protección civil.

Las guarderías subrogadas atienden a niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años, por lo que su cierre también obligaría a miles de madres y padres a reorganizar sus actividades laborales para resolver el cuidado de sus hijos.

El representante recordó que la responsabilidad legal de prestar este servicio corresponde al IMSS y que la subrogación permitió ampliar la cobertura mediante establecimientos particulares, sin que el instituto tuviera que construir y operar directamente todas las unidades.

Los prestadores están a la espera de conocer la propuesta formal del instituto para definir las acciones que emprenderán. En Zacatecas, todas las guarderías subrogadas forman parte de la organización que impulsa las negociaciones; sin embargo, cada establecimiento decidirá por separado si firma los nuevos contratos.

Cervantes Rodríguez advirtió que, si no se alcanza un acuerdo que permita cubrir los costos reales de operación, podrían registrarse más cierres en Zacatecas y otras entidades del país a partir de enero de 2027.

En caso de que alguna unidad tenga que suspender actividades, señaló que buscarán realizar el proceso de manera ordenada y garantizar que los padres de familia y las autoridades involucradas reciban información oportuna.

Mientras se define la negociación, la preocupación del sector se centra en evitar que la insuficiencia presupuestal termine por reducir la cobertura de un servicio del que dependen miles de familias trabajadoras en México.