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CIUDAD DE MÉXICO.- El martes entró en vigor la reforma a la Ley 3 de 3 contra la violencia a la mujer, que suspende del cargo público o su acceso, a funcionarios del servicio público con sentencias de violencia intrafamiliar, sexual y de género, así como deudores alimentarios.

La diputada federal, Bennelly Hernández Ruedas, destacó que, tras ser aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se fortalece una acción más para la protección a la mujer, al garantizar que no puedan ser registrados como candidatos, en ningún cargo de elección popular o de la función pública, ciudadanos denunciados por agresión física, violencia política en razón de género, acoso sexual, moroso en pensión alimenticia, prófugos de la justicia.

La modificación precisa que la aplicación funge para los tres poderes de gobierno; del ámbito federal, estatal y municipal.

La reforma establece límites normativos para dar certeza que, las personas al frente de la toma de decisiones, no son las mismas que fomentan actos aberrantes de violencia de género, de cualquier tipo.

Detalló que, desde el análisis y fundamentación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, se tuvo un trabajo plural de diputadas y diputados de todas las bancadas políticas; lo que deja por manifiesto el interés común y beneficios que traerá para avanzar a la cero tolerancia de violencia contra la mujer.