ECODIARIO

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), debido a demoras y omisiones en un caso relacionado con la revocación de un permiso de explotación de recursos forestales en Jalisco y por no investigar y atender una denuncia popular por hechos relacionados con ese caso.

El caso se originó en 2018, cuando una persona solicitó la revocación de un permiso para la explotación de recursos maderables en un predio de su propiedad, donde esta actividad se realiza desde 2015. La CNDH concluyó que tanto la SEMARNAT como la PROFEPA violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de la solicitante.

La PROFEPA, a pesar de haber recibido una denuncia popular en 2018, no investigó ni tomó medidas para detener las actividades de explotación en el predio, ni solicitó apoyo a las autoridades de seguridad pública para realizar inspecciones. Además, personal de ambas dependencias se negó a ejercer sus facultades para resolver el problema, lo que resultó en violaciones continuas a los derechos de la propietaria.

Es importante señalar, que la personas quejosa solicitó la revocación del permiso anterior a fin de poder tramitar un permiso a su nombre para hacer el aprovechamiento forestal, lo que implicaría cumplir condiciones de explotación sustentable y cuidado del bosque y estar siempre sujeto a inspecciones de la SEMARNAT, por lo que, el hecho de que no se revoque el permiso anterior y no se realicen las inspecciones correspondientes por parte de la autoridad, pone en riesgo al bosque mismo.

Derivado de lo anterior, la CNDH recomendó a la SEMARNAT tramitar la reparación integral del daño ocasionado a la víctima e instruir a la Oficina de Representación en Jalisco continuar el procedimiento de revocación de la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables.

Por su parte, la PROFEPA deberá ordenar a su oficina en Jalisco que continúe con la investigación de la denuncia popular, realice las inspecciones necesarias en el predio, y atienda todas las denuncias recibidas antes de 2023.

Finalmente, ambas instancias deben colaborar en el seguimiento de la denuncia

administrativa contra los servidores públicos involucrados ante el Órgano Interno de Control e impartir un curso integral especializado en derechos humanos a quienes laboran en sus oficinas de Representación en Jalisco para formar servidores públicos que actúen con estricto apego a la procuración de los derechos humanos y colaborar con las autoridades para garantizar la no repetición de hechos como el aquí descrito y fomentar una verdadera cultura de paz.