El 5 de octubre se conmemora el Día Internacional de las y los Docentes. Es una fecha para reconocer a quienes están al frente de las aulas, pero también para preguntarnos en qué condiciones ejercen hoy su profesión.

México tiene casi 2.2 millones de docentes en el Sistema Educativo Nacional. Son un grupo diverso, con realidades muy distintas según el nivel educativo y el contexto en el que trabajan. Pero hay algo que los une: su capacidad de influir en la vida de niñas, niños y jóvenes para contribuir a la sociedad.

Los datos muestran que a pesar de las dificultades, existe una fuerte motivación detrás de la profesión docente. De acuerdo con TALIS 2018 (Teaching and learning international survey)—la última edición en la que participó México—, 98% de docentes de secundaria se declaró satisfecho con su trabajo y 92.2% afirmó que, si pudiera elegir, volvería a ser docente. Sin embargo, solo 41% dijo estar satisfecho con su salario.

El contraste dice mucho: la mayoría quiere seguir enseñando, pero no están satisfechos con las condiciones en las que lo hacen. La vocación es uno de los grandes motores del docente, pero por sí sola no puede compensar las condiciones en las que se ejerce una profesión.

Al docente se le pide mucho más que enseñar. Se espera que atienda el rezago educativo, favorezca la inclusión, detecte necesidades de aprendizaje, intervenga ante situaciones de violencia, acompañe problemas socioemocionales, incorpore nuevas tecnologías, trabaje con las familias y contribuya a evitar el abandono escolar. Todo ello, además de cumplir con su responsabilidad fundamental: enseñar.

El Programa Sectorial de Educación 2025-2030 reconoce la existencia de “condiciones laborales inadecuadas” que afectan la función educativa y el desarrollo profesional del magisterio. Y aunque las dificultades cambian de acuerdo con el nivel educativo, la constante es clara: cada etapa plantea exigencias particulares que requieren respuestas específicas.

En educación inicial y preescolar el trabajo docente implica atender de manera simultánea el desarrollo cognitivo, lingüístico, físico y socioemocional; mantener una relación cercana con las familias; favorecer la inclusión y detectar tempranamente distintas necesidades. Todo esto adquiere una complejidad aún mayor en zonas rurales, indígenas y marginadas.

En primaria México registra alrededor de 24 alumnos por docente, frente a 14 en promedio en la OCDE. Es también la etapa en la que deben consolidarse los aprendizajes fundamentales, atender distintos ritmos de aprendizaje, garantizar la inclusión y hacer frente a rezagos que, de no atenderse, se acumulan a lo largo de la trayectoria escolar.

En secundaria, a las exigencias académicas se suma la complejidad propia de la adolescencia: violencia, salud socioemocional, adicciones, abandono escolar y manejo de grupo. México registra aproximadamente 30 alumnos por docente, frente a 13 en promedio en la OCDE. Además, los docentes mexicanos tienen 988 horas anuales obligatorias de enseñanza, frente a 706 en promedio en los países de la OCDE.

En educación media superior, la tarea tampoco termina en la enseñanza de una disciplina. Los docentes enfrentan el reto de acompañar a jóvenes en una etapa en la que aumenta el riesgo de abandonar la escuela, atender necesidades socioemocionales y adaptarse a transformaciones curriculares y tecnológicas.

En educación superior aparece otra problemática: la precariedad contractual. El Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 reconoce que más de 70% del personal académico trabaja por asignatura, una situación que puede limitar actividades como la investigación, la tutoría, la formación continua y la innovación.

Son realidades distintas, pero el problema de fondo es común: se pide más a quienes están frente al aula, sin que crezca al mismo ritmo el tiempo, los recursos y los apoyos que tienen para hacerlo.

A estas tensiones se suman retos que atraviesan a todos los niveles: la sobrecarga administrativa, la necesidad permanente de actualización frente a cambios curriculares y tecnológicos, la atención de situaciones de violencia y salud socioemocional, la inclusión de una población estudiantil cada vez más diversa y las desigualdades en infraestructura y disponibilidad de recursos.

Por eso, la pregunta no debería ser únicamente si existen políticas para atender estos problemas, sino también ¿cuál es su alcance?, ¿cuánto se invierte en ellas?  y, sobre todo, si llegan efectivamente a quienes están frente al aula.

Un dato permite dimensionar esta discusión. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 asignó 121.4 millones de pesos al Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Como referencia de magnitud, ese monto equivale a alrededor de 98 pesos por cada uno de los 1.24 millones de docentes de educación básica registrados por la SEP.

La cifra abre una pregunta que merece un análisis serio: ¿estamos invirtiendo lo suficiente en el desarrollo profesional de quienes sostienen cotidianamente el sistema educativo?

La formación continua no debería reducirse a acumular cursos y constancias. Las y los docentes necesitan tiempo para aprender, colaborar con sus colegas, planear y analizar su práctica. Necesitan también formación diferenciada de acuerdo con sus contextos, acompañamiento durante los primeros años de carrera y oportunidades para crecer profesionalmente sin que la única vía de desarrollo sea abandonar el aula.

Lo mismo ocurre con el bienestar. Si esperamos que atiendan violencia, problemas socioemocionales, inclusión y rezago, tenemos que proporcionarles herramientas, tiempo y redes de apoyo. El docente no puede convertirse en la respuesta para todos los problemas que enfrenta la escuela.

Hablar de una verdadera política docente implica hablar de financiamiento para la formación continua, tiempo laboral para la preparación, acompañamiento a quienes comienzan su carrera, mejores condiciones de trabajo y una trayectoria profesional que permita desarrollarse sin tener que alejarse del aula.

Varias de estas necesidades ya están reconocidas, al menos parcialmente, en el Programa Sectorial de Educación 2025-2030 y en el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030. El reto está en lo que ocurre después: convertir el reconocimiento de una necesidad en una política concreta, asignar recursos suficientes y lograr que sus beneficios lleguen efectivamente a cada docente.

Detrás de cada reforma, cada nuevo currículo y cada política educativa hay una persona que tendrá que llevarla a la práctica. Y si queremos mejores escuelas, aprendizajes y oportunidades para las y los estudiantes, también tenemos que construir mejores condiciones para quienes hacen posible que todo eso ocurra: las y los docentes.

*Coordinadora de Investigación del Observatorio de la Educación de Educación con Rumbo. Experta en docencia y educación.