CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.

La propuesta busca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio por el Ministerio Público, además de establecer turnos continuos para garantizar investigaciones sin interrupciones.

El proyecto contempla penas de 40 a 70 años de prisión por este delito, así como sanciones para la tentativa, que incluirían reclusión de entre la mitad y dos terceras partes de la pena, además de multas de mil a dos mil UMAS.

Para llevar a cabo esto, se propone cambiar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución. Esto permitirá que el Congreso de la Unión cree esta ley y unifique el tipo de delito en todo el país.

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la iniciativa reconoce nueve razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder o motivaciones basadas en estereotipos.

También se establecen 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad, que el delito ocurra frente a hijas o hijos o que la víctima pertenezca a pueblos originarios o afrodescendientes.

La ley plantea que el delito sea perseguido de oficio, con carácter imprescriptible en la acción penal, sanción y reparación del daño. Además, la persona responsable perdería derechos como la patria potestad, tutela o custodia, así como derechos sucesorios, y quedaría inhabilitada para ocupar cargos públicos.

Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, indicó que la propuesta incluye atención integral para víctimas y familiares, con acceso a servicios médicos, psicológicos y asesoría jurídica gratuita.

También contempla medidas de prevención, creación de registros nacionales sobre feminicidios y de niñas, niños y adolescentes en orfandad por este delito, así como la prohibición de difundir imágenes de las víctimas en plataformas digitales.