ZACATECAS, ZAC.- Conseguir un empleo formal no debería significar perder una pensión ni enfrentar procesos de contratación inaccesibles. Bajo esta exigencia, decenas de personas participaron en la tercera marcha “Yo también quiero trabajar”, donde reclamaron acciones concretas para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y eliminar los obstáculos que limitan su inclusión laboral.

La movilización recorrió las principales calles del Centro Histórico de la capital y concluyó en el Congreso del Estado, donde los participantes entregaron un pliego petitorio y sostuvieron un foro con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos para plantear reformas, mejores condiciones de capacitación y oportunidades laborales dignas.

Martín Javier Hernández Dones, director del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 28 de Formación para la Vida y el Trabajo, informó que alrededor de 50 jóvenes se encuentran actualmente en seguimiento dentro de los procesos de inclusión laboral. Aunque destacó que existen avances, advirtió que todavía hay condiciones legales y estructurales que dificultan el acceso y la permanencia en un empleo.

Uno de los principales obstáculos es la situación de jóvenes que reciben una pensión por orfandad, quienes pueden perder este apoyo al incorporarse a un trabajo formal y ser dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante este panorama, uno de los planteamientos centrales entregados al Poder Legislativo busca impulsar una modificación legal que permita suspender temporalmente la pensión durante el periodo laboral y recuperarla en caso de que la persona pierda su empleo.

“Estamos solicitando al Congreso del Estado buscar algún mecanismo, o que se impulse alguna iniciativa, una modificación de ley que nos permita solventar esa situación”, expuso Hernández Dones.

La propuesta busca evitar que el acceso a la seguridad social y a un ingreso propio se convierta en un factor de riesgo para quienes dependen de este apoyo, pues la inclusión laboral debe representar una oportunidad de autonomía económica, no una disyuntiva entre trabajar y conservar un beneficio.

El CAM número 28 desarrolla un modelo de formación que contempla talleres de carpintería, alimentos y bebidas, así como costura. Posteriormente, los jóvenes participan en cuadrillas y realizan prácticas en espacios laborales reales para fortalecer sus habilidades y facilitar su incorporación al mercado de trabajo.

Entre las instituciones y empresas que han abierto sus puertas para estas prácticas se encuentran el Museo Interactivo Zigzag, la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Poder Judicial, el Hotel Fiesta Inn y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

De acuerdo con el director, algunos participantes han conseguido empleos formales en hoteles, tiendas departamentales, supermercados y otros establecimientos, con acceso a prestaciones como seguridad social, vacaciones y aguinaldo. Incluso, recordó que uno de los primeros casos de inclusión laboral promovidos desde el centro acumula más de 20 años de permanencia en un hotel de la capital.

Sin embargo, el reto no termina con conseguir una vacante. El pliego petitorio también contempla mejorar la infraestructura del CAM, cuyas instalaciones cuentan principalmente con aulas adaptadas, pero requieren talleres especializados y equipados que reproduzcan las condiciones que los jóvenes enfrentarán en los centros de trabajo.

Hernández Dones sostuvo que fortalecer estos espacios representa una inversión en las capacidades de las personas con discapacidad, sus familias y la sociedad, al ampliar sus posibilidades de independencia y participación económica.

Por su parte, Maricela Dimas Reveles, presidenta de la CDHEZ, señaló que la marcha, realizada por tercer año consecutivo, permite visibilizar una exigencia que sigue pendiente: garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente su derecho a trabajar.

Aunque reconoció avances derivados de la colaboración con asociaciones y organizaciones, subrayó que la inclusión debe extenderse tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas. Asimismo, indicó que el organismo continúa atendiendo casos de discriminación y desarrollando acciones preventivas.

Durante el foro, la diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, advirtió que las dificultades comienzan desde los procesos de selección y contratación, y continúan con la falta de accesibilidad en el transporte, las instalaciones y las herramientas necesarias para desempeñar un puesto.

“Las barreras también están en los procesos de contratación, en la parte de accesibilidad y en las ideas que todavía limitan las oportunidades de otras personas. Y esas barreras son las que nos corresponde derribar”, puntualizó.

La legisladora planteó que las empresas y las instituciones deben implementar procesos de selección accesibles, ofrecer capacitación y realizar los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus funciones en condiciones adecuadas.

También insistió en que la inclusión no puede reducirse a abrir una vacante: debe garantizar salarios justos, seguridad social, estabilidad y oportunidades de crecimiento profesional.

La tercera marcha “Yo también quiero trabajar” puso sobre la mesa una exigencia que va más allá de la contratación: eliminar las barreras legales, físicas y sociales que impiden a las personas con discapacidad acceder a un empleo digno y conservarlo. Los participantes llevaron sus propuestas al Congreso; ahora, el desafío será convertirlas en medidas concretas que garanticen oportunidades reales y no únicamente compromisos públicos.