EXIGEN ORGANIZACIONES ACCIONES REALES PARA PROTEGER A LAS NIÑAS EN ZACATECAS
Organizaciones civiles exigieron justicia para Arely y pidieron reforzar la prevención de la violencia contra la infancia con reformas, presupuesto, atención en salud mental y acciones permanentes en Zacatecas.
ZACATECAS, ZAC.- Integrantes de organizaciones civiles se manifestaron este miércoles afuera del Hospital General de Zacatecas para exigir justicia para Arely, la niña originaria del municipio de Tabasco que permanece hospitalizada tras sufrir una agresión que puso en riesgo su vida, además de demandar acciones concretas para prevenir la violencia contra la infancia.
Las y los manifestantes señalaron que el caso evidencia deficiencias en los mecanismos de prevención y protección, por lo que pidieron al Congreso del Estado y al Gobierno de Zacatecas impulsar reformas y políticas públicas que fortalezcan la atención integral a niñas, niños y adolescentes.
Irma Rosa Hernández Ríos, trabajadora social y activista de la Red Estatal de Trabajo Social Zacatecas A.C., sostuvo que el caso no debe considerarse un hecho aislado y llamó a reforzar las acciones preventivas.
"Exigimos prevención y seguridad. Las niñas y los niños deben ser protegidos; no podemos seguir minimizando este tipo de problemáticas", declaró.
La activista afirmó que la atención a la violencia debe dejar de tratarse como una acción secundaria y convertirse en una prioridad permanente.
"Lo ocurrido con Arely es la consecuencia visible de un sistema que durante años ha tratado la prevención de las violencias como un gasto simbólico y no como una inversión estructural. Mientras eso no cambie, seguiremos lamentando casos como este", afirmó.
Entre las principales demandas de las organizaciones se encuentran asignar presupuesto específico para programas preventivos, instalar equipos permanentes de psicología, trabajo social y pedagogía en escuelas y localidades, fortalecer la coordinación entre instituciones de salud, educación, seguridad y procuración de justicia, ampliar los servicios de salud mental y transparentar el uso de los recursos destinados a prevenir la violencia.
También señalaron como pendiente la publicación de la Ley de Salud Mental del Estado y recordaron que, de acuerdo con información de las autoridades de procuración de justicia, existían señales de riesgo previas a la agresión, lo que evidenciaría fallas en la detección e intervención temprana.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a la sociedad para participar en el cuidado de la infancia y sostuvieron que la protección de niñas, niños y adolescentes requiere el compromiso conjunto de autoridades y ciudadanía.
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