ZACATECAS, ZAC.- Organizaciones civiles, colectivos y representaciones sindicales de Zacatecas solicitaron al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación informar las causas y fundamentos jurídicos de la suspensión de María Citlալlic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado, quien fue separada de sus funciones el pasado 7 de octubre.

Mediante un pronunciamiento público, las organizaciones expresaron su respaldo a la juzgadora y señalaron que hasta el momento no existe información suficiente para conocer los hechos que motivaron la medida.

También manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la suspensión esté relacionada con alguna resolución judicial, aunque aclararon que no cuentan con elementos para determinar si existe una relación.

Entre los asuntos en los que ha intervenido la jueza mencionaron la suspensión del denominado segundo piso del bulevar metropolitano, la presa Milpillas, los amparos concedidos a pensionados y derechohabientes del ISSSTEZAC, las corridas de toros y asuntos relacionados con la Auditoría Superior del Estado.

Las organizaciones solicitaron al Tribunal de Disciplina Judicial aclarar tres aspectos: los hechos, conductas y fundamentos legales que originaron la suspensión; si las personas juzgadoras conservan sus facultades para admitir demandas de amparo y conceder suspensiones; y si pueden resolver con independencia, incluso cuando sus determinaciones sean contrarias a los intereses de autoridades gubernamentales.

Asimismo, señalaron que es necesario conocer si existen medidas cautelares para evitar actos que pudieran vulnerar derechos humanos durante los procedimientos judiciales.

Los colectivos consideraron que la falta de información genera incertidumbre sobre las condiciones en las que las personas juzgadoras ejercen sus funciones y la independencia de sus decisiones.

Finalmente, pidieron que el Tribunal proporcione información sobre la suspensión conforme a sus atribuciones y a los procedimientos legales correspondientes.

El pronunciamiento fue suscrito por representantes de organizaciones civiles, colectivos de protección animal, agrupaciones feministas y sindicatos, entre ellos organizaciones de trabajadores del Poder Judicial, del sector educativo y de pensionados del ISSSTEZAC.