EXIGEN TRABAJADORES DEL PJF EN ZACATECAS FRENAR EL DETERIORO LABORAL Y FORTALECER LA JUSTICIA
El sindicato demanda jornadas de 40 horas, pago de tiempo extra, aumento salarial del 13 por ciento y más tribunales para reducir los retrasos judiciales
ZACATECAS, ZAC.- Con denuncias de sobrecarga laboral, rezago judicial, insuficiencia de personal y afectaciones a sus derechos, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Zacatecas se sumaron al movimiento nacional impulsado desde Michoacán para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus garantías laborales y mayores recursos para la impartición de justicia.
José Guadalupe Méndez de Lira, secretario general de la Sección 6 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, informó que el personal del XXIII Circuito hizo suyo el pliego petitorio dirigido al Órgano de Administración Judicial, la Cámara de Diputados y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que demandan respeto a las condiciones de trabajo y el cumplimiento del artículo décimo transitorio de la reforma constitucional de 2024.
El dirigente advirtió que la falta de infraestructura y de personal suficiente no solo perjudica a quienes laboran en los órganos jurisdiccionales, sino que también impacta directamente a los ciudadanos que esperan una resolución judicial.
“Nunca vas a tener una justicia real, pronta, efectiva como la esperas si no cuentas con el recurso humano y con los tribunales necesarios y suficientes para que esto se logre”, sostuvo.
Entre las principales exigencias destaca la creación de nuevos tribunales colegiados, juzgados de distrito, centros de justicia penal y tribunales laborales, además de ampliar las plazas del Instituto Federal de Defensoría Pública para atender la demanda de servicios y reducir el rezago judicial.
Méndez de Lira señaló que México cuenta, según las cifras expuestas por el sindicato, con aproximadamente 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, frente a un parámetro internacional de al menos 18. Esta diferencia, afirmó, refleja la necesidad de fortalecer la estructura judicial para garantizar una atención oportuna.
Como ejemplo de las consecuencias, indicó que existen juicios de amparo cuya resolución tarda más de un año, una situación que calificó como una forma de denegación de justicia y que, desde su perspectiva, evidencia la urgencia de ampliar la capacidad operativa del Poder Judicial.
El pliego petitorio incluye el pago íntegro de las horas extra efectivamente trabajadas y el reconocimiento de una jornada de ocho horas diarias y 40 horas semanales, con descanso los sábados y domingos. También exige garantizar las licencias médicas, de maternidad y paternidad, así como los permisos sin goce de sueldo.
Los trabajadores solicitaron, además, que se otorguen nombramientos de base al personal comisionado o a disposición, y que determinadas plazas clasificadas como de confianza sean reconocidas como de base cuando sus funciones no impliquen facultades de mando o decisión.
Otra de las preocupaciones es que las evaluaciones de desempeño no se conviertan en instrumentos para justificar despidos. Por ello, demandaron que esta protección quede establecida formalmente en un acuerdo normativo.
El sindicato también cuestionó los parámetros de productividad que toman como referencia órganos jurisdiccionales donde se trabaja más allá de la jornada legal, al considerar que estas prácticas incrementan la presión laboral y ponen en riesgo la salud y la vida familiar del personal.
En materia de condiciones de trabajo, exigieron el suministro oportuno de insumos y equipamiento, como aire acondicionado, sillas y archivos, además del respeto al derecho de permanecer en la ciudad o localidad de adscripción, para evitar que los cambios de destino afecten la estabilidad personal y familiar, particularmente el bienestar de los hijos.
Las demandas también contemplan la no afectación de las condiciones generales de trabajo, un ajuste salarial retroactivo equivalente al acumulado inflacionario que Méndez de Lira estimó en 13 por ciento y el restablecimiento de la ayuda para la adquisición de anteojos para trabajadores y sus familiares directos.
El dirigente consideró indispensable que el Presupuesto de Egresos de la Federación contemple recursos suficientes para atender las necesidades del Poder Judicial. De acuerdo con las cifras que presentó, el presupuesto proyectado para 2027 asciende a 72 mil 264 millones de pesos, frente a aproximadamente 70 mil millones en 2026, 85 mil 025 millones en 2025 y 84 mil 792 millones en 2024.
Afirmó que, sin recursos suficientes, será difícil ampliar la infraestructura, contratar personal y mejorar las condiciones laborales que permitan abatir el rezago judicial.
“Las cargas de trabajo y la falta de órganos y personal suficiente contribuyen al retraso en la resolución de los asuntos”, es el señalamiento central del sindicato, que sostiene que la defensa de los derechos laborales también repercute en la calidad del servicio de justicia que recibe la población.
El pliego incluye la atención efectiva de las denuncias de acoso laboral y sexual, así como garantías de que no habrá represalias contra quienes participen en manifestaciones o acciones para defender sus derechos.
Durante su intervención, Méndez de Lira rindió un homenaje póstumo a Humberto Orozco Calderón, trabajador adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación en Campeche, fallecido en septiembre de 2026. El dirigente atribuyó su muerte al agotamiento físico, el estrés y el acoso laboral presuntamente derivados de las cargas excesivas de trabajo.
Los trabajadores zacatecanos insistieron en que sus demandas no se limitan a prestaciones o mejoras salariales, sino que buscan condiciones que permitan desempeñar sus funciones sin jornadas excesivas, incertidumbre laboral ni afectaciones a su integridad.
Finalmente, Méndez de Lira llamó al personal del Poder Judicial de la Federación en todo el país a sumarse al movimiento y defender sus derechos sin temor, al tiempo que pidió a la sociedad respaldar sus exigencias.
El mensaje del sindicato es que fortalecer al Poder Judicial requiere no solo cambios institucionales, sino también personal suficiente, presupuesto adecuado y condiciones laborales que permitan resolver los asuntos con oportunidad. De lo contrario, advirtió, el rezago seguirá afectando a quienes buscan una respuesta pronta y efectiva de la justicia.
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