“Se hace necesaria la implementación de acciones que permitan la recuperación y apropiación de dichos espacios para y por la ciudadanía y un buen inicio puede ser el retomar el uso tradicional de los espacios públicos”

Diego Varela de León*

La construcción de una verdadera seguridad ciudadana requiere de varios elementos y concepciones así como reconocer y comprender dos de los campos principales de la ciudad y el elemento principal que son la diversidad de los diferentes grupos sociales que en ella viven y se desarrollan, entonces pues dicha construcción requiere entender a la ciudad como el espacio público por excelencia, por lo que resulta de suma importancia señalar que esta concepción la podemos ver como un espacio público, urbano, económico y político, y por ende como el derecho a la ciudad, y que sin duda demanda integrar derechos urbanos tales como vivienda, movilidad, medio ambiente, los servicios básicos y para el caso que nos ocupa la implementación de una seguridad ciudadana adecuada.

Uno de los teóricos del tema fue Henry Lefebvre, quien asentó que el derecho a la ciudad "se manifiesta como una forma superior de los derechos: derecho a la libertad, a la individualización, en la socialización, al hábitat y al habitar". 

Entonces pues nos queda claro que el uso a la ciudad es un derecho en permanente construcción y cambio, y es también una creación colectiva que no debe imponerse, sino que requiere la formación de una cultura democrática local y la movilización de sus habitantes, mediante el ejercicio y goce de los derechos y la atribución de responsabilidades en los diferentes niveles. 

El derecho a la ciudad que tienen las personas implica que las autoridades locales promuevan y faciliten su colaboración y el placer de asumir su ciudadanía.

Entonces pues la ciudad puede ser concebida como un espacio de integración, intercambio y pertenencia social, pero también como un espacio donde se presenta la inseguridad, el conflicto y la violencia, y cuando la ciudad se vive exclusivamente como un espacio de tránsito, consumo y diferenciación, se corre el riesgo de debilitar su papel como espacio integrador, pues la ciudad no solo es un espacio físico, sino un sistema de relaciones sociales que puede ofrecer condiciones favorables para ejercer la ciudadanía, por lo que desde las instituciones gubernamentales se hace necesaria la aplicación de buenas políticas públicas encaminadas a la participación social y democrática, que garanticen el acceso y la calidad de los bienes, servicios y espacios públicos. Y para alcanzar las condiciones favorables en la construcción de una ciudad justa, implica integrar las diferencias y favorecer la diversidad, garantizando espacios de expresión y participación que permita el encuentro y la convivencia desde lo individual y los diferentes grupos sociales que integran el total de la sociedad, evitando exclusiones, violencia, estigmatizaciones y discriminaciones, orientando políticas urbanas para reducir las asimetrías sociales que provocan segregación, exclusión e injusticias.

Sin duda transitar de una ciudad justa, a una ciudad que además sea segura, requiere en primer término disminuir las asimetrías sociales, igualmente reconocer que la violencia y la inseguridad limitan el uso de los espacios públicos, como son las mismas calles, plazas, parques, transporte etc.

Por lo que se hace necesaria la implementación de acciones que permitan la recuperación y apropiación de dichos espacios para y por la ciudadanía y un buen inicio puede ser el retomar el uso tradicional de los espacios públicos y su función en la creación del sentido de pertenencia, reconociendo que el derecho a la ciudad es un derecho de todas y todos, asimismo, el articular políticas de desarrollo urbano aparejadas de una adecuada política criminológica orientada a la seguridad ciudadana con estrategias menos reactivas y más preventivas como fundamento inalienable para ejercer el derecho a una vida libre de violencia en la ciudad.