Ecodiario

CIUDAD DE MÉXICO.- La reunión que sostendrán el próximo 12 de julio en Washington D.C. los presidentes de México y Estados Unidos permitirá hacer un primer balance de los compromisos asumidos por 20 naciones del continente en la Declaración sobre Migración y Protección al término de la IX Cumbre de las Américas, el pasado 10 de junio.

En el documento, los presidentes asistentes y representantes de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, se comprometieron a fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos a fin de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, así como fortalecer los marcos necesarios para la protección y cooperación internacional.

Nos comprometemos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Prevemos cooperar estrechamente para facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular y, conforme proceda, promover los regresos seguros y dignos, de forma coherente con la legislación nacional, el principio de no devolución y nuestras respectivas obligaciones en virtud del derecho internacional”.

Reconocieron que los retos sanitarios, sociales y económicos relacionados con la pandemia exacerbaron las causas que impulsaron la migración irregular.

En la Declaración de Los Ángeles, los gobiernos asumen cinco compromisos: promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y regreso; las vías regulares de migración y protección internacional; una respuesta de emergencia coordinada y lograr un Enfoque común para reducir y gestionar la migración irregular.

La lista de cinco vías de acción incluye la convocatoria a los bancos multilaterales de desarrollo, a las instituciones financieras internacionales y a los donantes tradicionales y no tradicionales para examinar instrumentos de apoyo financiero para los países que acogen a poblaciones migrantes y que enfrentan otros desafíos en materia de migración, sin perjuicio de las prioridades y los programas de financiación existentes.