ZACATECAS, ZAC.-Calles con menor circulación, aulas sin actividad y guardias sindicales en los centros universitarios marcaron el paro general de labores convocado por el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), en una nueva escalada del conflicto financiero y laboral que enfrenta la institución.

La suspensión de actividades fue acordada por el Comité Ejecutivo y el Comité de Huelga del sindicato, ante lo que consideran una respuesta insuficiente de la Rectoría al pliego petitorio presentado como parte del emplazamiento a huelga. La principal inconformidad radica en el adeudo de primas de antigüedad, la falta de certeza sobre el pago de prestaciones de fin de año y la ausencia de una propuesta para resolver los compromisos laborales.

Carlos Fernando Aréchiga Flores, secretario general del SPAUAZ, aseguró que el sindicato no encontró otra alternativa para manifestar su inconformidad y defender los derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

“Se adeudan las primas de antigüedad del mes de septiembre, no hay una propuesta de pago, nos comentan que no se van a pagar primas, o sea que no hay dinero para pagar primas de antigüedad los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y que posiblemente tampoco haya aguinaldos”, advirtió.

Cuestionó que la respuesta de la administración universitaria se limite a justificar la falta de recursos y calificar algunas prestaciones como extralegales. “Son prestaciones devengadas, trabajadas, ganadas y que nos están desconociendo”, sostuvo.

El dirigente señaló que, aunque la Universidad atraviesa una situación económica crítica, las medidas de contención parecen concentrarse en el personal académico, sin una revisión exhaustiva de la estructura administrativa, las percepciones de los funcionarios y la duplicidad de responsabilidades.

Reconoció que la institución requiere una reestructuración interna, pero insistió en que esta no debe traducirse en la pérdida de derechos laborales, “ahorita puede resolver el problema financiero, pero si no se atiende la reestructuración, estaremos generando deuda inmediatamente el día siguiente”, expresó.

A la exigencia de cumplimiento de prestaciones se sumó la voz de los jubilados y pensionados. Jorge Enrique Núñez Monreal, delegado sindical de este sector, señaló que los incumplimientos que les afectan se arrastran desde 2017 y consideró que la administración no respondió de fondo a las demandas planteadas.

El representante cuestionó la dimensión de la estructura administrativa universitaria y afirmó que existe respaldo financiero para 250 funcionarios, mientras que actualmente habría alrededor de 500, “no somos un barril sin fondo, simplemente estamos mal administrados”, sostuvo.

Núñez Monreal consideró que la crisis no puede explicarse únicamente por el costo de las prestaciones, sino también por un subsidio insuficiente frente al crecimiento de la matrícula y las necesidades de personal. Por ello, llamó a construir una exigencia común de incremento presupuestal en la que participen docentes, estudiantes y trabajadores administrativos.

En el Campus 2, Alma Delia Guzmán Díaz, coordinadora de Asuntos Académicos del SPAUAZ, informó que alrededor de 10 unidades académicas se habían sumado a la suspensión, con guardias sindicales que continuaban fortaleciéndose.

Rechazó que las prestaciones sean consideradas concesiones de la administración y advirtió sobre el riesgo de afectar derechos conquistados durante años de negociación colectiva.

“El contrato colectivo no es negociable, ya está, ahí están las cláusulas, pues todo aquello que se ha ganado con el tiempo”, afirmó.

La representante sindical también reclamó información clara sobre la nómina, la situación de los jubilados y las cuentas individuales de los trabajadores, además de una respuesta concreta sobre el futuro financiero de la institución.

El conflicto coloca nuevamente en el centro la insuficiencia del subsidio público que recibe la UAZ frente a sus compromisos laborales y académicos. Aréchiga Flores demandó mayor participación de los gobiernos estatal y federal, y recordó el compromiso de incrementar paulatinamente la aportación estatal hasta equipararla con el 50% de la federal hacia 2030.

Mientras no exista una solución, advirtió, las afectaciones podrían extenderse a otros sectores de la comunidad universitaria. El paro, dijo, no impacta solamente a las aulas: “Esto tiene un impacto económico en todo el estado y principalmente en Zacatecas capital y la zona conurbada”.

La exigencia sindical apunta así a dos frentes: garantizar el pago de prestaciones ya devengadas y construir una salida estructural a la crisis financiera, sin trasladar el costo de los problemas administrativos y presupuestales a los derechos de los trabajadores.