Ecodiario

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que este 26 de septiembre es un día de “luto nacional” al conmemorarse este día ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al inicio de la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que su Gobierno ha venido informado sobre el Caso Ayotzinapa, y que incluso ha roto lo que denominó el “pacto de silencio y de impunidad”.

Este día es de luto nacional porque se conmemoran ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo.

“Ya se ha informado de que vamos a continuar con la investigación, se ha avanzado, se está rompiendo el acto de silencio y de impunidad y vamos a continuar haciendo justicia”, agregó.

El mandatario mexicano detalló que hay muchos “intereses en juego”, y que no quieren que se conozca lo que sucedió con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.

“Un abrazo a los papás y mamás de los jóvenes. Hay como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que s castigue a responsables, hay quienes quisieran que nosotros falláramos que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia”, indicó.

“Hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad y nada ni nadie va a detener este proceso el transformación del país”, puntualizó.

La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó en agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

La Comisión de la Verdad ha rechazado la “verdad histórica”, la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.

La Administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.