ZACATECAS, ZAC.- Durante la sesión ordinaria de este martes, los diputados Renata Ávila Valadez y Alfredo Femat Bañuelos, del Partido del Trabajo (PT), presentaron dos iniciativas enfocadas en fortalecer los derechos de las mujeres y atender problemáticas que impactan su seguridad, bienestar y calidad de vida.

La primera propuesta busca que la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y otras instancias estatales y municipales refuercen la prevención y atención de fraudes en redes sociales, especialmente las falsas ofertas de empleo dirigidas a mujeres. Durante la exposición, Femat Bañuelos destacó que estos fraudes digitales pueden derivar en delitos más graves, como trata de personas y violencia de género, y que la necesidad económica de quienes buscan empleo los hace particularmente vulnerables.

La iniciativa también contempla campañas de concientización dirigidas a mujeres y jóvenes, y la mejora de los canales de denuncia para reducir riesgos en espacios digitales.

Por otra parte, Renata Ávila presentó una reforma a la Ley de Salud del Estado para garantizar la menstruación digna y la salud menstrual integral. La propuesta busca reconocer la salud menstrual como parte de la salud integral e incorpora conceptos como pobreza menstrual, menstruación digna y gestión menstrual.

Ávila señaló que, según la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual de UNICEF, el 66 por ciento de las personas menstruantes llegó a su primera menstruación con poca o ninguna información, el 75 por ciento desconoce las fases del ciclo menstrual y el 31 por ciento de niñas y adolescentes menores de 15 años ha faltado a la escuela durante su periodo. En Zacatecas, los desafíos se agravan por la falta de acceso continuo al agua, lo que dificulta una adecuada gestión menstrual.

Entre las medidas que plantea la iniciativa está la promoción de campañas de educación menstrual integral, la elaboración de diagnósticos periódicos sobre salud y pobreza menstrual, y la generación de información estadística para orientar políticas públicas basadas en evidencia.

Los legisladores coincidieron en que ambas propuestas buscan fortalecer las condiciones para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, tanto en espacios digitales como en el acceso a la salud, mediante acciones preventivas, educativas e institucionales que promuevan entornos más seguros, igualitarios y libres de discriminación.