ZACATECAS, ZAC.- La insuficiencia histórica del subsidio público y la falta de recursos extraordinarios para atender el crecimiento de la matrícula son, a juicio del exrector Francisco Domínguez Garay, las principales causas estructurales de la crisis financiera que enfrenta la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por lo que consideró que las medidas administrativas y los ajustes internos no resolverán por sí solos el problema.

En entrevista, el exrector, quien encabezó la institución durante el periodo 2008-2012, sostuvo que durante sus 46 años de servicio universitario el subsidio estatal nunca ha sido suficiente para cubrir las funciones que desarrolla la máxima casa de estudios, particularmente la ampliación de la cobertura educativa.

Aseguró que durante su administración también existía insuficiencia presupuestal, pero había condiciones federales que permitían obtener recursos extraordinarios, principalmente mediante bolsas destinadas a las universidades que incrementaran su matrícula.

Como ejemplo, indicó que durante su gestión la matrícula estudiantil creció 40 por ciento, en respuesta a una política nacional que buscaba elevar la cobertura de educación superior, para lo cual se habilitaron mecanismos de financiamiento adicionales.

“Yo le puedo decir que en mi periodo la matrícula de estudiantes se incrementó en un 40%”, señaló.

Explicó que ese crecimiento también implicó contratar más profesores, pero sostuvo que existían recursos etiquetados para respaldar la ampliación de la cobertura. Añadió que, además, los excedentes petroleros permitían que al cierre de cada ejercicio fiscal se canalizaran apoyos extraordinarios a las universidades públicas para cumplir sus compromisos laborales.

A diferencia de ese escenario, consideró que actualmente no existen las mismas bolsas presupuestales ni una política de respaldo financiero a las universidades públicas estatales. Atribuyó esta situación a las decisiones de los gobiernos federales y a la creación de nuevas instituciones educativas, como las universidades Benito Juárez y Rosario Castellanos.

Sobre las críticas relacionadas con el crecimiento de la nómina durante su rectorado, rechazó que se haya realizado sin respaldo presupuestal y calificó esos señalamientos como falsos.

“Yo crecí en un gran número, ¿verdad? Y al crecer en alumnos, pues tuve que crecer en profesores. O sea, por eso, pero había con qué responder. A nivel federal nos apoyaban porque era una política”, argumentó.

Respecto a las condiciones actuales de la UAZ, consideró que las autoridades universitarias deben explicar con documentación y evidencias objetivas cómo se llegó al déficit financiero, pues reconoció que pueden existir errores administrativos que deben corregirse, aunque insistió en que estos no representan el origen del problema.

“El problema de fondo y estructural es un problema porque nunca ha habido el subsidio suficiente ni de la universidad ni del Estado en apoyar la educación en este país y en este estado”, expresó.

Como contexto, la crisis financiera ha llevado a la Rectoría a suspender el pago de la prima de antigüedad y advertir sobre dificultades para cubrir otras prestaciones. El rector Ángel Román Gutiérrez ha señalado que el pago de la prestación prevista en la cláusula 41 podría representar alrededor de 800 millones de pesos adicionales al déficit universitario, además de que existen resoluciones judiciales que delimitan sus beneficiarios.

Domínguez Garay planteó tres acciones para encaminar una solución: transparentar la situación financiera mediante evidencias, impulsar una reforma integral construida por los propios universitarios y corregir las fallas administrativas que se detecten.

Consideró que dicha reforma debe revisar las estructuras de funcionarios, las necesidades de personal y el funcionamiento institucional, con el propósito de eliminar gastos innecesarios sin comprometer las funciones sustantivas de la Universidad.

“Una reforma integral de fondo estructural en todos sus sentidos donde quien haga esa reforma sean los universitarios que conocen todo eso”, sostuvo.

En cuanto a las listas difundidas sobre presuntas relaciones familiares entre trabajadores universitarios, rechazó los señalamientos que lo involucran y aseguró que únicamente su hija Erika Domínguez Pérez y su esposa, quien ya laboraba en la institución antes de conocerlo, forman parte de los casos que se han relacionado con su entorno familiar. También negó que otros nombres incluidos en esas publicaciones correspondan a familiares suyos.

Finalmente, sobre la propuesta de crear un fideicomiso para atender los compromisos pensionarios, explicó que este mecanismo se encuentra contemplado desde hace años en los contratos colectivos, pero no se realizaron las aportaciones correspondientes.

Señaló que el fideicomiso planteado actualmente atendería principalmente la situación de los trabajadores que ingresaron antes de 1991, mientras que las generaciones posteriores cuentan con esquemas distintos de jubilación, como las cuentas individuales.

El exrector insistió en que la UAZ tiene posibilidades de superar la crisis, pero requiere claridad sobre sus finanzas, una reforma institucional y un esquema de financiamiento que corresponda a su matrícula y responsabilidades educativas.

El pasado 9 de noviembre, el gobernador David Monreal informó que la aportación estatal al subsidio de la UAZ pasó de 534.01 millones de pesos en 2021 a 941.32 millones en 2026. También ofreció un fondo inicial de entre 200 y 300 millones de pesos para revisar y sanear compromisos relacionados con prestaciones. Estas cifras permiten contrastar la postura del exrector con la posición del Gobierno estatal.