ZACATECAS, ZAC.- En el contexto de las actividades por el Día Internacional de la Mujer (8M), se llevó a cabo la jornada de Actualización y Buenas Prácticas titulada “Por nuestro derecho a decidir, libres e informadas”, con un enfoque centrado en la actualización de la NOM-046 y la Ruta de Acompañamiento para la atención de la violencia sexual.

El evento se desarrolló en el Aula Magna de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y reunió a estudiantes y docentes en un espacio de reflexión sobre el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones libres e informadas, así como la importancia de fortalecer las prácticas profesionales con un enfoque ético y respetuoso de la autonomía.

Durante la jornada, participaron Yurynova Fibela Esparza Cardona Alanis, Sandra Jiménez Ruvalcaba y Vanesa Jiménez Ruvalcaba, quienes compartieron sus experiencias de acompañamiento y análisis de casos reales relacionados con la aplicación de la NOM-046, que establece los criterios para la atención médica en casos de violencia familiar y sexual.

Vanesa Jiménez Ruvalcaba, en su ponencia, destacó que la correcta implementación de los protocolos no debe ser exclusiva del personal médico, sino que debe involucrar a todo el personal de las instituciones, incluidos guardias, recepcionistas y personal de limpieza. Señaló que, en muchas ocasiones, el primer obstáculo para las víctimas está en los filtros de acceso, donde se les exige indebidamente la presentación de una denuncia previa, un requisito que dejó de ser obligatorio desde 2016 para acceder a servicios médicos en casos de violencia sexual.

También expuso varios casos en los que la falta de capacitación derivó en omisiones graves por parte de las autoridades ministeriales y de atención a víctimas. Entre las omisiones se incluyeron retrasos en la canalización hospitalaria, la negativa de servicios por ausencia de personal y errores en el resguardo de evidencias.

En uno de los casos expuestos, relacionado con una madre y sus hijas menores de edad, se identificaron posibles delitos adicionales como trata de personas, lo que dejó en evidencia la necesidad de una actuación inmediata y coordinada entre la fiscalía, el sector salud y los sistemas de protección a la infancia.

Las ponentes coincidieron en que la desinformación institucional sigue siendo una barrera importante para el acceso efectivo a los derechos, por lo que insistieron en la necesidad de una capacitación integral para el personal de salud y de procuración de justicia.

Con este tipo de iniciativas, la comunidad académica reafirmó su compromiso con la actualización constante y la formación integral de futuras y futuros profesionales, en concordancia con los principios de acceso a la información, autonomía y atención digna establecidos en la normatividad vigente.