La nueva Suprema Corte decidió bautizar su primer informe “Un año de justicia real y verdadera”, nombre ambicioso para una institución que apenas cumplía doce meses. El escenario estuvo a la altura, el Área de Murales, representantes del poder político ocupando lugares privilegiados, aplausos, felicitaciones, abrazos al terminar y porras para la presidenta Claudia Sheinbaum en el exterior. Cada cosa, tomada por separado, puede parecer irrelevante; juntas dejaron una fotografía peculiar para un tribunal cuya principal utilidad aparece precisamente cuando debe revisar los actos de quienes estaban sentados en las primeras filas. La independencia judicial también tiene escenografía, aunque a veces se olvide.

Me intriga más el nombre que los aplausos. Si ahora tenemos justicia real y verdadera, queda la duda de qué estuvimos recibiendo durante décadas, quizá una justicia de imitación, con toga pero sin garantía. Hugo Aguilar describió la Corte que recibió como lenta, anquilosada, ensimismada y alejada del pueblo, con lo cual el informe adquirió esa vieja división mexicana entre un pasado desastroso y un presente que acaba de descubrir la virtud. Es lenguaje normal en la política, donde cada gobierno necesita demostrar que la historia comenzó la mañana de su toma de protesta; en un tribunal resulta extraño. Una Corte no necesita convencernos de que sus antecesores eran malos, tiene una manera bastante más eficaz de acreditar que ella es mejor, resolver mejor.

Conviene mirar entonces algunas decisiones e intervenciones de sus integrantes, porque allí la palabra “verdadera” empieza a complicarse. En abril, durante la discusión sobre la cobertura del IMSS para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, Lenia Batres advirtió que no podía presumirse que el Instituto tuviera capacidad material y financiera para proporcionar de manera generalizada lentes, aparatos auditivos, implantes cocleares, prótesis y otros insumos. Lo que resulta difícil pasar por alto que, frente a un derecho fundamental, apareció la cartera del Estado sobre la mesa.

La Constitución tiene esa mala costumbre, cuesta dinero. Mientras permanece encuadernada es bastante barata; la salud requiere hospitales y medicamentos, la educación necesita maestros, la seguridad social necesita recursos y un niño que no escucha puede necesitar un implante coclear que no se paga con discursos sobre el pueblo. Claro que el presupuesto tiene límites, ningún juez puede ordenar dinero infinito porque el dinero infinito no existe; tampoco puede convertirse la falta de recursos en una especie de artículo secreto de la Constitución que sólo aparece cuando el Estado debe cumplir. Los derechos sociales serían comodísimos si únicamente fueran exigibles cuando salen baratos.

Batres volvió a dejar material para la discusión cuando habló de las herencias. Al resolver un asunto fiscal sostuvo que quien recibe una herencia obtiene recursos que no proceden de su esfuerzo y cuestionó que herencias y legados estén exentos. Lo que dijo permite una pregunta jurídica mejor, cuando un ministro considera injusto determinado tratamiento fiscal, ¿está interpretando la ley que aprobó el Congreso o empieza a corregir desde la sentencia la política tributaria que considera socialmente equivocada? Para redistribuir riqueza existen elecciones, legisladores, presupuesto y leyes fiscales; ponerle toga a una preferencia económica no la convierte automáticamente en Constitución.

María Estela Ríos ha abierto una discusión distinta al defender una lectura restrictiva frente a interpretaciones que extiendan facultades no previstas expresamente en el texto constitucional. México reformó en 2011 el artículo 1º para ordenar que las normas sobre derechos humanos se interpreten favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; interpretar, por fortuna, sigue siendo parte del oficio. De otro modo podríamos sustituir algunas sesiones del Pleno por nueve ejemplares de la Constitución, nueve reglas para subrayar y un secretario que confirme quién encontró primero el artículo.

Después están los números, bastante menos emotivos que los murales. La Corte ha informado un porcentaje elevado de asuntos concluidos; al comparar once meses equivalentes, reportó 2,355 casos solventados por la nueva integración frente a 2,860 de la anterior, una disminución cercana al 18 por ciento.

Hay además una explicación bastante terrenal para la disminución. La reforma eliminó las dos Salas de la Suprema Corte y concentró los asuntos en el Pleno; durante 2024 la Primera Sala resolvió 1,868 asuntos, la Segunda 2,009 y el Pleno 479. Se desmontó una estructura que permitía trabajar simultáneamente y ahora nueve ministros cargan con una parte de aquello que antes se distribuía. No hacía falta consultar a Montesquieu para anticiparlo, bastaba haber trabajado alguna vez en una oficina. Si tres mesas atienden expedientes y mañana dejamos una sola, podemos pintar la mesa, cambiar a quienes se sientan detrás y organizar una ceremonia para inaugurarla; seguirá siendo una mesa.

La independencia judicial tiene una parte íntima que sólo conoce quien vota, pero también deja rastros, especialmente cuando la autoridad es parte del litigio. Un ciudadano que pelea contra el IMSS, el SAT, una Secretaría de Estado o la Presidencia no debería preguntarse si llegó ante un tribunal que comparte el proyecto político de su contraparte; bastante tiene ya con enfrentarse al aparato público como para ponerse a descifrar los abrazos de la primera fila.

La prueba seria para esta Corte tampoco será un informe anual. Algún día llegará un expediente importante en el que proteger a una persona cueste mucho dinero, afecte una política prioritaria, invalide una reforma querida por la mayoría o sencillamente enfurezca al gobierno; entonces sobrarán los murales y faltarán los aplausos. Será un día poco agradable para quien ocupe la Presidencia y probablemente muy bueno para saber qué clase de Suprema Corte tenemos.

Porque el poder suele llevarse estupendamente con los tribunales mientras los tribunales le dan la razón; la independencia empieza a ponerse interesante cuando dejan de hacerlo. Si llegado ese momento los ministros soportan el costo político y hacen prevalecer la Constitución, podremos hablar con bastante tranquilidad de una justicia real y verdadera.

Si el aplauso continúa intacto, habrá que revisar qué estamos celebrando.