“Con desapariciones de personas, muertes violentas que pueden suceder en cualquier parte, robos a personas y casas, y sin aseguramientos que deriven del resultado del trabajo policial o de investigación, hace muy certera la frase del gobernador, encomendemos a Dios”

Hugo Rafael Sánchez González*

La impunidad es un obstáculo a la seguridad, desarrollo y bienestar de cualquier sociedad. Ello Implica ausencia de castigo a los culpables de delitos y violaciones a derechos humanos y, en consecuencia, la sensación de superioridad ante la ley de criminales tanto de la delincuencia organizada como delincuentes comunes que se creen intocables, como han señalado la CICIG en Guatemala, el equipo que construyó el Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas de Puebla, o los expertos del Grupo Interdisciplinario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que examinó el caso de Ayotzinapa.

La impunidad no es preocupación exclusiva de expertos en justicia y seguridad. Afecta a la ciudadanía atacada por el crimen organizado o desorganizado, o enfrentada a la violencia institucional cuando denuncia. Perjudica también a quienes no son víctimas del delito pero atestiguan día a día la proliferación de violencias, los abusos de la autoridad y la ausencia de justicia. ¿Qué esperar entonces de este estado que no previene, no investiga ni castiga desapariciones, feminicidios, homicidios, violaciones, abuso sexual o trata de personas? ¿Cómo creer en la viabilidad de la convivencia ciudadana, ya no digamos en el Estado de Derecho, ante la creciente violencia impune?

El problema de la impunidad es un tema recurrente en estudios sobre seguridad, derechos humanos o feminicidio en México. Nuestro país se ubicaba en el lugar 58 de los 59 países evaluados en el índice de impunidad de la UDLAP en el 2015, entre Colombia y Filipinas. Las cifras varían pero coinciden en que los delitos (denunciados) que no se castigan, sin contar la cifra negra, superan el 90 por ciento.

La impunidad favorece la normalización de la violencia y la expansión o repetición del delito, no porque la violencia sea una epidemia, además, la sociedad comienza a normalizar la violencia, mientras ésta no toque a su puerta, como sugiere la OMS, la falta de castigo a delincuentes y funcionarios omisos (cómplices en este sentido) equivale a un mensaje de permisividad. Si no se castiga el delito, entonces el mensaje para agresores directos y potenciales es que al sistema no le importan estos actos, que los puede tolerar o que, incluso, como ha sucedido desde 1994 con el asesinato de mujeres, los justifica o niega.

La tarea de buscar justicia no debe corresponder a las familias de las personas asesinadas, de los desaparecidos, de los feminicidios, desaparecidas o violadas; corresponde a la autoridad. Hacer justicia y no sólo sancionar la violencia, sino prevenirla, es obligación -no amable favor- de las autoridades. Ante el oprobio de la injusticia institucionalizada, toca a la sociedad exigir el desmantelamiento de este sistema, además de exigir resultados inmediatos.

*Especialista en Seguridad Pública, Instructor certificado en Derechos Humanos por el CICR.

Mtro., en Juicios Orales

Contacto: silverado_hr@hotmail.com

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