“De 2007 a 2022, el poder de las Fuerzas Armadas ha crecido significativamente, no solamente de manera fáctica, sino presupuestalmente; de este modo, es posible entender que su injerencia en la política de México se encuentre detrás de muchas decisiones del gobierno federal”.

Hugo Rafael Sánchez*

Por principio de cuentas, es importante conocer a qué nos referimos con “militarización de un Estado”, esto alude a la utilización de estrategias de control y uso de armamentos propios del ámbito militar en otros ámbitos; la seguridad pública, por ejemplo.

Este término se utiliza en alusión al empleo de mecanismos para el control de las fronteras y para la protección de los intereses de las empresas transnacionales, en seguridad pública, la militarización de un territorio consiste en llamar al ejército para que realice actividades de seguridad pública, bajo el argumento de que es necesario para combatir al crimen organizado de mejor manera.

Sin embargo, llevar de manera permanente al ejército a las calles implica riesgos para el poder civil, quien representa la voluntad de los ciudadanos, como lo vivimos hoy.

Esto representa la pérdida de capacidades de instituciones civiles del Estado, ya que atenta contra la modernización de policías civiles, convirtiendo una dependencia de los Estados a las Fuerzas Armadas, por el debilitamiento de sus instituciones de seguridad, evitando así el diseño y ejecución de políticas públicas, debilitando de manera significativa el pacto federal, ya que se forma una superioridad material del ejército en relación a las policías locales, pues no existirá un balance entre el federalismo y las Estados.

Un claro ejemplo de ello es la creación de la GN y los recortes de apoyos locales en materia de seguridad, que han terminado por desplazar la tarea urgente de profesionalizar y equipar a los cuerpos policiacos civiles estatales y municipales. El contexto específico de las localidades demanda intervenciones regionalmente diferenciadas y la militarización es incompatible con la proximidad que requiere la pacificación, ya que los militares carecen de competencias para abordar asuntos civiles; más bien, los cuerpos militares están formados para eliminar las amenazas a la seguridad nacional y por ello son más proclives a incurrir en abusos de la fuerza y violaciones a derechos humanos, las víctimas de estas violaciones rara vez obtienen justicia; además, bajo el paraguas de la seguridad nacional, las instituciones militares están menos sujetas a mecanismos de contrapeso, vigilancia y rendición de cuentas que los organismos civiles. Asimismo, las instituciones castrenses pueden ser utilizadas como vehículo de opacidad cuando el gobierno federal busca mantener lejos del escrutinio público determinado proyecto o programa, el tren maya, por ejemplo.

La entrega de recursos y facultades a las FF.AA., junto con los constantes elogios en el discurso oficial y el arropamiento político incondicional, pueden incentivar a los cuerpos castrenses a alejarse de la lealtad institucional a la Constitución Federal y acercarse a la simpatía y el respaldo al proyecto político del gobierno en turno.

A corto plazo, esto implica una mayor interacción entre empresas e instituciones castrenses. A mediano plazo, esto puede generar un piso disparejo para competir (entre empresas y militares) y contribuye a la desnaturalización de las FF.AA., quienes adquieren incentivos para actuar bajo una lógica empresarial y no de seguridad nacional.

Y, aunque como ciudadanos esperamos el máximo respeto a nuestra Constitución Política, llama la atención la tardanza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pronunciarse sobre asuntos de inconstitucionalidad, (hasta tres años en las acciones).

Pero mientras más aplace la Corte su resolución, AMLO aprovechará todo tipo de instrumentos para consolidar la anidación de la GN en la Sedena, lo que a todas luces nos hace suponer que existe una relación directamente proporcional entre la demora de la SCJN y la gravedad de las decisiones unilaterales del Ejecutivo federal, por lo tanto, no esperemos que el poder civil vuelva a retomar posición, al menos en el mediano plazo.

*Especialista en Seguridad Pública. Instructor certificado en Derechos Humanos por el CICR. 

Presidente de la Asociación Civil Deltas, Desarrollo de Liderazgo y Talento. 

Mtro., en Juicios Orales 

Contacto: silverado_hr@hotmail.com

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