“Con la grave noticia sobre el hackeo a las bases de datos de la Sedena, no solo preocupa la vulnerabilidad sobre la confidencialidad de una de las instituciones más poderosas del gobierno, sino que deja al descubierto los escasos filtros de seguridad con los que cuenta dicha Secretaría”.

Hugo Rafael Sánchez*

Las tareas de seguridad pública implican la realización de operaciones que deben guardar la mayor secrecía para que estas puedan efectuarse con éxito; estrategias de operaciones que solo las fuerzas de seguridad deben conocer, ya que el enemigo, que es la delincuencia, debe ser investigado de forma secreta, efectiva y determinante.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que un grupo de hackers realizó un ataque cibernético a la Sedena, aunque minimizó la importancia de la información revelada, bajo el argumento de que todo “es de dominio público”, circunstancia que es totalmente inaceptable, debido a que las tareas de seguridad, máxime de un ejército encargado de la seguridad, no solo interior, sino nacional, deben guardar absoluta confidencialidad, por la importancia que reviste la paz social.

El grupo de hackers, autodenominado “Guacamaya”, publicó un sitio en el que afirma que ofrecerá la información obtenida a periodistas e investigadores; el grupo asegura estar en contra de las actividades de los ejércitos y otras instituciones de seguridad.

“La creación de los ejércitos como entes institucionales, como fuerza armada organizada y profesional, es la garantía de los estados para mantener presos a sus habitantes”, dice el grupo. “La policía minimiza el riesgo de que los pueblos ejerzan su digno derecho a la protesta, a destrozar el sistema que les oprime. El ejército minimiza las tensiones sociales y la guerra, ya sea dentro del estado o entre estados-nación, no es más que una válvula de escape para que las tensiones se disgreguen de una manera más palpable”.

De acuerdo con el medio Latinus, también se filtraron bases de datos sobre el estado de fuerza de militares desplegados en el país, el uso de aeronaves y contratos al Tren Maya y al aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo.

Este hackeo pone sobre la pared al Ejército, ya que, con independencia de los fines públicos que dicho grupo les ha dado como uso, nos lleva a pensar ¿qué puede suceder con toda esta información en manos de la delincuencia organizada?, mismos que, con su poder económico, pueden comprar lo que quieran.

La confidencialidad de las Fuerzas Armadas está comprometida y, además, en un futuro inmediato ¿cuál es el riesgo de esta información con una secretaría como la Defensa Nacional, que al día de hoy se encuentra en la administración de casi todo el recurso público? ¿Los pondrá contra la pared? Solo el tiempo lo dirá; esperemos que no sea de forma desastrosa.

*Especialista en Seguridad Pública.

Instructor certificado en Derechos Humanos por el CICR.

Presidente de la Asociación Civil Deltas, Desarrollo de Liderazgo y Talento. 

Mtro., en juicios orales 

Contacto: silverado_hr@hotmail.com

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