Ecodiario

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que va del sexenio, el gobierno federal ha recibido 6 mil 900 millones de pesos provenientes de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 83 por ciento de esos recursos se ha destinado en mejorar las condiciones de vivienda, modernización del Estado y apoyar inversiones sociales para mejorar el sistema de pensiones y condiciones laborales.

El rubro con más recursos entregados es el de Desarrollo de Vivienda con mil 902 millones de dólares divididos en al menos ocho créditos, pero destaca que casi la totalidad de estos recursos se ubican en tres préstamos que buscan la establecer las bases para el fortalecimiento de un nuevo modelo de desarrollo territorial y apoyar a familias en condición de rezago social.

De hecho, el crédito más grande que ha recibido el gobierno federal fue aprobado el 8 de diciembre de 2021 por un monto total de mil millones de dólares para “contribuir a la reducción del rezago urbano y social mediante la mejora en el acceso a bienes y servicios para las personas que habitan en zonas con medio, alto y muy alto grado de rezago urbano y social en los municipios elegibles”.

Otro crédito de grandes montos fue el que se aprobó el 18 de diciembre de 2019 por un total de 600 millones de dólares para establecer las bases para el fortalecimiento de un nuevo modelo de desarrollo territorial y urbano que sea integral, inclusivo, resiliente, y sostenible.

En la exposición de motivos se señala que este préstamo “continuará apoyando el proceso de reglamentación y aplicación de los instrumentos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) a nivel legal, institucional, instrumental e informacional con el objetivo de consolidar a la SEDATU como el rector del ordenamiento territorial en el país”.

Además, el BID aprobó en diciembre de 2021 un crédito por 300 millones de pesos con el objetivo de mejorar el acceso a espacios públicos y equipamiento urbano de las personas elegibles; contribuir al otorgamiento de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y mejorar las herramientas de planificación a nivel municipal, metropolitano y estatal.