-GEOVANNA BAÑUELOS

ECODIARIO

CIUDAD DE MÉXICO.- Las personas privadas de su libertad además de enfrentar exclusión, maltrato, violencia, desigualdad estructural y rechazo por purgar una sentencia, no tienen garantizada la atención de su salud mental el tiempo que permanecen en un centro penitenciario, lo que limita en gran medida su reinserción social al terminar su condena, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos.

Por lo anterior, propuso reformar el artículo 72 de la Ley General de Salud para establecer explícitamente que las personas procesadas o sentenciadas que se encuentran en un centro de reclusión tienen derecho a recibir el servicio de salud mental.

“La salud mental es primordial para estas personas. El desgaste psicológico que sufren desde que inicia el proceso judicial es de gran impacto y empeora una vez que se encuentran recluidos en un centro penitenciario, lo que deriva en ansiedad, depresión u otros trastornos mentales que pueden derivar en conductas autolesivas e incluso intentos de suicidio”, explicó Geovanna Bañuelos.

La legisladora por Zacatecas resaltó que es fundamental garantizar la atención de la salud mental de las personas privadas de su libertad de manera continua, preventiva y participativa, pero sobre todo comunitaria.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Salud, para su análisis y posterior dictamen.