Claudia Soto Opinión de Claudia Soto

CIENCIA PARA LLEVAR | NO TODOS REGRESAN A LA ESCUELA: LA DESAPARICIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO

"Quisiéramos que todas y todos regresaran mañana a la escuela. 🏫 Que ninguna lista de asistencia tuviera que pronunciar un nombre seguido por un silencio. 🤍 Que ninguna mochila permaneciera guardada 🎒 y ningún pupitre esperara indefinidamente a quien no volvió"

Este lunes, millones de niñas, niños y adolescentes volverán a clases. Las calles se llenarán de uniformes, mochilas, prisas y despedidas en las puertas de las escuelas. En los salones habrá reencuentros, listas nuevas y lugares asignados. Pero algunos pupitres permanecerán vacíos.

No porque sus estudiantes hayan cambiado de escuela ni porque estén enfermos. Estarán vacíos porque hay niñas, niños y adolescentes cuyo paradero sigue siendo desconocido.

El  día de ayer, 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La fecha nos obliga a mirar una de las heridas más profundas de México. Cuando la privación de la libertad es cometida exclusivamente por particulares, la ley reconoce otra figura delictiva. No toda ausencia es jurídicamente una desaparición forzada, aunque toda desaparición de una niña, un niño o un adolescente exige una respuesta inmediata.

La desaparición de personas no comenzó durante el gobierno de Felipe Calderón. México arrastra antecedentes graves desde la llamada Guerra Sucia. Sin embargo, la militarización de la seguridad pública y la denominada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006, marcaron un punto de quiebre. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas documentó que más del 98 % de las desapariciones registradas entre 2006 y 2021 ocurrió dentro de ese periodo.

La niñez tampoco ha quedado al margen. De acuerdo con el análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México, elaborado a partir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante 2024 se reportaron diariamente, en promedio, 29 personas de entre cero y 17 años como desaparecidas, no localizadas o posteriormente localizadas. Al 10 de junio de 2025, el Registro acumulaba 115 mil 792 reportes históricos de personas menores de edad; aproximadamente dos de cada tres correspondían a niñas y mujeres adolescentes.

Las diferencias por edad y sexo son reveladoras. Durante la primera infancia, los registros de niñas y niños son relativamente semejantes; sin embargo, el riesgo aumenta de manera drástica durante la adolescencia. Entre las mujeres se observa una concentración especialmente preocupante entre los 10 y los 14 años. Conforme avanza la edad, particularmente entre los 15 y los 17 años, también se incrementa la desaparición de adolescentes varones y se reduce la distancia respecto de las mujeres. En términos generales, tres de cada cuatro personas menores de edad que permanecían desaparecidas o no localizadas eran adolescentes de entre 12 y 17 años, de acuerdo con el análisis de la REDIM.

Las niñas y adolescentes enfrentan una exposición desproporcionada a la violencia sexual, al engaño afectivo, también mediante redes sociales, y a la trata de personas con fines de explotación sexual. En 2024, las mujeres representaron alrededor del 78 % de las víctimas de trata de entre cero y 17 años registradas en México.

Los adolescentes varones, por su parte, pueden estar particularmente expuestos al reclutamiento y utilización por agrupaciones delictivas para realizar labores de vigilancia o “halconeo”, traslado y venta de drogas, portación de armas, cobro de extorsiones, trabajo forzado en campos de cultivo o en espacios de producción de sustancias ilícitas, así como otras actividades de alto riesgo o que demandan fuerza física. Las niñas también pueden ser reclutadas y los varones sufrir explotación sexual; no son categorías excluyentes. Además, una desaparición no demuestra por sí misma que exista trata o reclutamiento: para establecerlo se requiere una investigación diligente de cada caso.

Una desaparición puede relacionarse con violencia familiar, sustracción, engaño presencial o digital, trata de personas, explotación sexual o laboral, trabajos o servicios forzados, servidumbre, mendicidad forzada, adopciones ilegales o reclutamiento por grupos criminales, entre otras circunstancias. La legislación sobre trata contempla también la extracción ilícita de órganos; sin embargo, sería irresponsable presentarla como una causa frecuente de las desapariciones sin evidencia que lo demuestre. La ausencia de investigaciones eficaces impide conocer el destino y el móvil de una gran parte de los casos.

El riesgo tampoco se distribuye de manera uniforme. Enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad quienes viven en territorios controlados por la delincuencia, zonas fronterizas o rutas migratorias; las niñas y adolescentes expuestas a violencia de género; la niñez migrante, indígena o desplazada; quienes viven o trabajan en la calle; quienes están separados de sus familias o bajo cuidado institucional, y quienes enfrentan pobreza, discapacidad, discriminación o exclusión escolar. La vulnerabilidad no se encuentra en su identidad, pero la producen los entornos de desigualdad, desprotección e impunidad.

Informe de Gobierno

Ante la desaparición de una persona menor de 18 años no deben esperarse 24, 48 ni 72 horas. La Ley General en Materia de Desaparición ordena iniciar una carpeta de investigación en todos los casos y emprender una búsqueda especializada, inmediata y diferenciada.

La Alerta AMBER permite la difusión urgente cuando una persona menor de edad se encuentra en riesgo inminente. El Protocolo Alba coordina la búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes con perspectiva de género. Además, las autoridades deben aplicar el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes y, cuando corresponda, la Alerta Nacional de Búsqueda.

Estos mecanismos pueden activarse de manera complementaria, pero ninguno sustituye la obligación de investigar. La familia puede presentar el reporte o la denuncia ante la fiscalía, la comisión local de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, el 911 o el Portal Nacional de Reporte de Personas Desaparecidas. La búsqueda debe comenzar desde el primer momento, aun cuando no se cuente con todos los documentos o datos.

Es necesario mantener una comunicación cercana con nuestros hijos, conocer a sus amistades y los espacios digitales en los que conviven, acordar puntos de encuentro, enseñarles a identificar situaciones de riesgo y procurar que memoricen su nombre completo, domicilio y uno o dos números telefónicos. Deben saber que ningún adulto confiable les pedirá guardar secretos que les produzcan miedo, enviar imágenes íntimas, trasladarse a un sitio desconocido o reunirse a escondidas con alguien a quien conocieron en Internet.

En viajes, paseos, vacaciones o lugares concurridos puede ser útil que lleven una identificación y un número telefónico de contacto. Algunos padres empleamos dispositivos de localización. En mi caso, cuando salgo con mis hijos a sitios concurridos, colocamos discretamente un AirTag en sus pantalones o en sus tenis, de tal manera que podamos conocer su ubicación ante una emergencia. Puede ser una medida adicional, explicada y acordada de acuerdo con su edad, pero no sustituye la supervisión, la comunicación familiar ni la actuación inmediata de las autoridades.

Y cuando la prevención falla, comienza para las familias una vida suspendida entre llamadas, trámites, búsquedas y falsas esperanzas. La desaparición no se lleva solamente a una persona, sino  la vida de madres, padres, hermanos, abuelos y comunidades enteras. La incertidumbre impide cerrar el duelo y mantiene a las familias en una espera dolorosa que puede prolongarse durante años.

En este regreso a clases, cada pupitre vacío debe cuestionarnos. La matrícula escolar no es solamente una cifra,  es una relación de niñas, niños y adolescentes que deben estar presentes, protegidos y aprendiendo. Las escuelas también pueden detectar ausencias inexplicadas, establecer comunicación inmediata con las familias y activar redes institucionales de protección. Una inasistencia prolongada o injustificada no debe normalizarse ni quedar reducida a un dato administrativo.

Quisiéramos que todas y todos regresaran mañana a la escuela. Que ninguna lista de asistencia tuviera que pronunciar un nombre seguido por un silencio. Que ninguna mochila permaneciera guardada y ningún pupitre esperara indefinidamente a quien no volvió.

Este lunes, sintamos gratitud de tener a nuestros hijos e hijas con bien, demos un abrazo  con todo nuestro cariño cada día  y elevemos una oración y pensamiento por aquellos niños que están lejos de casa.

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