ZACATECAS, ZAC. - Con el cierre total de sus instalaciones, trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas llevaron su inconformidad hasta la suspensión de actividades para exigir que se frenen las evaluaciones de desempeño y los acuerdos que permiten modificar la adscripción del personal, medidas que, aseguran, generan incertidumbre, vulneran sus derechos laborales y podrían comprometer la independencia con la que ejercen sus funciones.

La movilización reunió a empleados de distintas áreas, incluido el Centro de Justicia Penal, quienes denunciaron un ambiente de preocupación ante la posibilidad de que las nuevas disposiciones se conviertan en mecanismos de presión, condicionamiento laboral o represalias por parte de sus superiores.

Carlos Ernesto Alvarado Márquez, delegado del Sindicato de Renovación en Zacatecas, advirtió que las evaluaciones podrían afectar incluso la libertad de criterio de quienes participan en la impartición de justicia, al generar temor de que sus decisiones jurídicas tengan consecuencias en su estabilidad laboral cuando no coincidan con la postura de sus titulares.

El dirigente sostuvo que el problema no es la actualización profesional, sino el uso que podría darse a estas herramientas de evaluación.

“No estamos en contra de que nos capaciten, estamos en contra de que se utilicen las evaluaciones como un instrumento de presión para los trabajadores”, fue el reclamo planteado durante la protesta.

Alvarado Márquez también señaló que los cambios derivados de la reforma judicial han significado la pérdida de plazas de base, particularmente en las secretarías proyectistas, donde algunos espacios que quedaron vacantes por jubilación fueron convertidos en puestos de confianza, situación que, afirmó, deteriora las condiciones laborales del personal.

Por su parte, José Guadalupe Méndez de Lira, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, cuestionó el modelo de evaluación establecido por el Órgano de Administración Judicial, al considerar desproporcionado que el conocimiento represente apenas 40 por ciento de la calificación, mientras el resto dependa de valoraciones de superiores y compañeros.

A juicio del dirigente, este esquema deja margen para criterios subjetivos que podrían perjudicar a trabajadores con preparación académica y experiencia profesional, pero que no necesariamente mantienen una relación favorable con quienes los califican.

La preocupación, explicó, es que el personal termine priorizando la aprobación de sus superiores por encima de la autonomía de criterio que exige su responsabilidad dentro del sistema de justicia.

La inconformidad también se dirige contra un acuerdo que faculta a las autoridades para cambiar la adscripción de los trabajadores bajo argumentos de necesidades del servicio y combate al rezago judicial.

Méndez de Lira consideró que trasladar al personal de sus centros de trabajo no representa una solución de fondo a la saturación de los órganos jurisdiccionales y exigió dejar sin efectos dicha disposición.

Como muestra de la dimensión del problema, señaló que cada tribunal colegiado enfrenta más de 2 mil 500 asuntos pendientes, expedientes que requieren tiempo y análisis jurídico especializado para la elaboración de proyectos de sentencia.

“Si realmente quieren combatir el rezago judicial, la solución no es mover a los trabajadores de un lugar a otro; se necesita triplicar el número de juzgados y tribunales en el país”, planteó.

El dirigente agregó que Zacatecas enfrenta un rezago en la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. Incluso, recordó que un proyecto para establecer un tribunal mercantil quedó cancelado por falta de inversión.

A esta situación se suma la saturación de los tribunales laborales, creados hace menos de tres años y que, de acuerdo con los representantes sindicales, ya enfrentan una carga de trabajo considerable.

Los representantes sindicales también señalaron que los recortes presupuestales han repercutido en las prestaciones y condiciones de trabajo, pese a que el personal mantiene la atención de asuntos urgentes, incluso durante la madrugada.

Aseguraron que las exigencias hacia los trabajadores continúan en aumento, mientras las condiciones materiales y laborales no corresponden a las responsabilidades que enfrentan diariamente.

Con el cierre total de las instalaciones, los empleados hicieron visible un conflicto que va más allá de una inconformidad administrativa: reclaman certeza en sus condiciones de trabajo, respeto a sus derechos adquiridos y garantías para desempeñar sus funciones sin presiones.

La exigencia de fondo, insistieron, es que las evaluaciones no se conviertan en mecanismos de control, que los cambios de adscripción no se impongan en perjuicio del personal y que las autoridades atiendan el rezago judicial mediante mayor infraestructura, inversión y fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales.