ZACATECAS, ZAC.- El conflicto laboral en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) volvió a impactar las actividades académicas. Este viernes continuó el cierre de instalaciones del Campus 2, como parte de los paros escalonados impulsados por integrantes del Sindicato del Personal Académico (SPAUAZ), quienes exigen el pago de prestaciones contempladas en el contrato colectivo de trabajo y que, aseguran, permanecen sin cumplirse desde hace aproximadamente dos años.

El secretario general del SPAUAZ, Fernando Aréchiga Flores, informó que la inconformidad es encabezada por 77 docentes que han presentado diversos oficios ante Rectoría e incluso entregaron en abril pasado un documento formal para exigir una respuesta, sin que hasta ahora se haya alcanzado una solución.

El centro de la disputa es la interpretación de la cláusula 41.1, fracción 11, del contrato colectivo. Mientras el área jurídica de la universidad sostiene que los trabajadores incorporados al régimen de pensiones del décimo transitorio del ISSSTE no tienen derecho a recibir estas prestaciones, los académicos defienden que deben otorgarse a quienes continúan en activo.

“No estamos pidiendo que se creen nuevas prestaciones, estamos exigiendo que se respeten las condiciones laborales que están establecidas en el contrato colectivo”, sostuvo Aréchiga Flores.

Aunque actualmente son 77 los profesores que formalizaron la exigencia, el dirigente sindical advirtió que el problema podría alcanzar a más de 400 trabajadores en condiciones similares. La dimensión económica del reclamo también representa un desafío para la institución, pues el pago de las prestaciones podría superar los 100 millones de pesos, dependiendo de la antigüedad, nivel y categoría de cada académico.

A diferencia del paro general anterior, esta segunda jornada de suspensión se concentró en el Campus 2, donde se sumaron distintas unidades académicas, entre ellas Enfermería, Psicología, Ciencias de la Tierra, Odontología, Ciencias Químicas, Secundaria y Preparatoria 2. La movilización ocasionó afectaciones para aproximadamente 15 mil estudiantes.

En medio de las presiones sindicales, el SPAUAZ propuso instalar siete mesas de trabajo con Rectoría a partir de la próxima semana, cuya primera reunión podría realizarse el lunes, aunque todavía está pendiente acordar el calendario y el número definitivo de encuentros.

Entre los asuntos que buscan colocar sobre la mesa destacan la transparencia financiera de la universidad, las condiciones de su reestructuración económica y académico-administrativa, las cargas de trabajo de los centros y unidades académicas, así como los temas de seguridad social, cuentas individuales y prestaciones contractuales.

El sindicato también solicitó que la cláusula 41 sea revisada en una mesa exclusiva, al considerar que el conflicto requiere un análisis específico y una respuesta directa de las autoridades universitarias.

Aréchiga Flores cuestionó que la contestación de Rectoría al emplazamiento a huelga se limitara a planteamientos generales, sin establecer soluciones puntuales a los incumplimientos denunciados.

“La respuesta de Rectoría fue general; no se precisaron soluciones para los incumplimientos que estamos señalando”, reprochó el dirigente, quien agregó que la administración universitaria ha argumentado falta de recursos económicos y ha calificado algunas prestaciones como extralegales, postura que el sindicato rechaza al asegurar que están expresamente contempladas en el contrato colectivo.

El dirigente insistió en que el sindicato mantiene abierta la disposición al diálogo, pero advirtió que los paros escalonados continuarán como mecanismo de presión mientras no existan respuestas concretas.

La exigencia sindical ahora está puesta en las mesas de negociación: que Rectoría deje de ofrecer explicaciones generales y establezca compromisos verificables para resolver los adeudos laborales. Mientras tanto, el conflicto vuelve a colocar en el centro de la discusión el costo de los incumplimientos contractuales y sus consecuencias sobre la comunidad universitaria.