CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Geovanna Bañuelos solicitará a los tres órdenes de gobierno garantizar el fortalecimiento y financiamiento de refugios, centros de justicia para mujeres, líneas de emergencia y programas de atención a víctimas de violencia, asegurando que ninguna mujer quede sin acceso a protección, acompañamiento y justicia.

En un punto de acuerdo que presentará a la Comisión Permanente la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pide a la Secretaría de Gobernación, que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, refuercen el monitoreo y cumplimiento de las Alertas de Violencia de Género en todas las entidades federativas, con especial atención a los estados de Zacatecas, Baja California y Sonora, a fin de implementar acciones inmediatas que garanticen la protección efectiva de mujeres y niñas en situación de riesgo.

Asimismo, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo llama al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y sus homólogos en las 35 entidades federativas, reforzar los protocolos específicos de protección para niñas y adolescentes víctimas de violencia, así como a crear líneas de acción interinstitucionales para atender casos de riesgo dentro del ámbito familiar

Lo anterior, derivado de los casos registrados en Zacatecas, Baja California y Sonora, donde niñas, adolescentes y mujeres fueron asesinadas a sangre fría por conocidos o incluso familiares.

En el caso de Baja California el feminicidio de Keila Nicole, una niña de apenas 13 años, fue cometido por un adolescente de 16, quien confesó haber planeado el crimen con base en una serie televisiva que retrata a un asesino serial.

En días posteriores, en la carretera libre Tijuana-Tecate, fueron localizadas bolsas negras con restos de dos mujeres descuartizadas.

Mientras que en Sonora, tres niñas de 9 y 11 años, fueron brutalmente asesinadas en su propia casa a manos de la pareja de su mamá, quien previamente había sido privada de la vida por la misma persona.

“Fue una masacre doméstica, perpetrada en el espacio que debió protegerlas. Es en ese entorno íntimo, el hogar, donde muchas mujeres viven los mayores peligros. Las víctimas habían recibido amenazas, pero no se había activado ninguna medida de resguardo ni se identificó el riesgo con la seriedad necesaria”, destaca Geovanna Bañuelos en el documento que será inscrito en la Gaceta de este miércoles.