ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que la elección de la nueva titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe realizarse bajo un nuevo marco constitucional y legal, al considerar urgente reconstruir el sistema nacional de auditorías y fiscalización.

El legislador recordó que la ASF tiene un papel central en la fiscalización y rendición de cuentas en México, al revisar el uso de recursos públicos federales; sin embargo, advirtió que su actuación reciente presenta riesgos, debilidades y problemas estructurales. Agregó que una auditoría renovada y más eficiente podría fortalecer la confianza de los contribuyentes e impactar en la recaudación.

Ramírez Cuéllar indicó que existe una brecha entre la identificación de sectores estratégicos y la proporción del presupuesto auditado, además de omisiones en áreas de alta complejidad y riesgo. Consideró que esto genera cuestionamientos sobre la capacidad de la ASF para prevenir irregularidades, combatir la corrupción y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos.

También afirmó que se debe sancionar con rigor a quienes hagan mal uso del presupuesto federal y estatal. En ese sentido, recordó que existen dos iniciativas en materia de fiscalización superior y sostuvo que el modelo actual tiene fallas que obstaculizan una rendición de cuentas efectiva.

Entre los puntos señalados mencionó el déficit de participación ciudadana en el proceso de designación de la persona titular, al no existir mecanismos formales que involucren a la sociedad civil o a la academia, además de la necesidad de reforzar el mecanismo de denuncia ciudadana.

Otro de los problemas, dijo, es la concentración de decisiones estratégicas en la figura titular, quien actualmente define el programa anual, el reglamento interior, los nombramientos de mando superior, la emisión de normas y autorizaciones, lo que reduce la pluralidad técnica y aumenta la discrecionalidad.

Asimismo, planteó que la posibilidad de reelección representa un riesgo de captura institucional y falta de renovación, con posibles efectos en la independencia e imparcialidad. También señaló la ausencia de reglas contra el nepotismo, al no existir una prohibición expresa sobre vínculos familiares del titular con altos funcionarios de los tres poderes, lo que podría generar conflictos de interés.

En cuanto al desempeño técnico, el diputado indicó que hay baja cobertura en sectores estratégicos como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de escasa atención a riesgos de corrupción en adquisiciones, obras públicas y entregas directas de recursos.

Añadió que los plazos actuales son excesivos, ya que los procesos de fiscalización pueden tardar casi dos años desde el inicio del ejercicio fiscal hasta la emisión del informe general, lo que retrasa la identificación y corrección de irregularidades.

Finalmente, subrayó la importancia de fortalecer las sanciones para disminuir la persistencia de irregularidades y citó que, en 2022, solo el 4.3% de las investigaciones por corrupción llegó ante un juez.